La reciente promulgación de la Ley 32351 en el diario oficial El Peruano ha encendido las alarmas entre gremios periodísticos. Esta norma modifica el artículo 46 de la Ley 30364, estableciendo que las instituciones públicas que integran el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar podrán hacer uso gratuito del 10% de la programación de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, bajo la denominada «franja educativa».
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, explicó que la norma involucra directamente a nueve ministerios que forman parte de dicho sistema. Según detalló, la intención de la modificación es permitir que estas entidades accedan gratuitamente a espacios en medios para difundir contenidos relacionados con la prevención de la violencia de género.
Las instituciones incluidas en este sistema son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
También del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Cultura (MINCUL) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Además, también participan el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los gobiernos regionales y locales.
Ley 32351 amenaza la independencia editorial, advierten asociaciones de prensa
Sin embargo, desde el gremio periodístico se observa con preocupación el verdadero alcance de esta normativa. Desde su perspectiva, lo que se presenta como una medida en favor de la lucha contra la violencia de género podría traducirse en un mecanismo de control sobre el contenido informativo de los medios.
Lainez cuestionó que, al obligar a los medios a ceder gratuitamente parte de su espacio, se afecta directamente la independencia editorial. Como ejemplo, explicó que si un diario tiene 24 páginas, más de dos serían utilizadas exclusivamente por entidades del Estado, lo que plantea dudas sobre el tipo de contenido que se difundirá y su verdadera finalidad.
También señaló que los medios ya vienen cubriendo ampliamente temas como el feminicidio y otras formas de violencia familiar. Según indicó, periodistas y medios han invertido tiempo y recursos en capacitarse para abordar estos temas con responsabilidad, evitando la revictimización y brindando información útil para las víctimas.
En la misma línea, la organización Medios Perú, que representa a emisoras de radio y televisión en el país, rechazó tajantemente la norma. Desde su perspectiva, se trata de una intromisión del Estado en la programación editorial, lo que vulnera principios fundamentales como la libertad de expresión y la autonomía informativa, ambos protegidos por la Constitución.
Tanto la ANP como Medios Perú han solicitado al Congreso de la República y al Tribunal Constitucional que revisen esta ley. Consideran que desvirtúa el principio de colaboración voluntaria entre el Estado y los medios de comunicación, convirtiéndolo en una imposición que podría sentar un precedente peligroso.
