El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, no puede dejar su cargo en pleno desarrollo de las elecciones, pese a la denuncia penal presentada en su contra tras los problemas logísticos registrados durante los comicios del 12 de abril.
El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, se encuentra impedido legalmente de renunciar a su cargo mientras el proceso electoral esté en desarrollo. Según la Ley Orgánica de la institución, el puesto es irrenunciable salvo impedimentos excepcionales debidamente sustentados. Esta situación ocurre en el marco de una denuncia penal por presuntos delitos contra el derecho al sufragio tras fallas logísticas en los comicios del 12 de abril. Especialistas señalan que las investigaciones en curso no justifican legalmente una salida anticipada bajo el marco normativo vigente.
- La Ley Orgánica de la ONPE establece la irrenunciabilidad del cargo de jefe de la institución durante un proceso electoral activo.
- Piero Corvetto enfrenta una denuncia penal del JNE por presunta omisión de funciones y retrasos en la distribución de material electoral.
- Expertos legales indican que solo una enfermedad grave u otro impedimento extremo permitiría una excepción a la normativa de permanencia.
- El debate jurídico se divide entre la obligatoriedad de cumplir el mandato legal y el cuestionamiento a la credibilidad de la autoridad.
Especialistas advierten que la renuncia solo procede en casos excepcionales
La normativa vigente establece que el titular de la ONPE no puede dimitir mientras esté en marcha un proceso electoral. El artículo 10 de la Ley Orgánica de la institución señala que el cargo es irrenunciable, salvo que exista un impedimento debidamente sustentado, una condición que, según expertos, no se configura en el contexto actual.
En esa línea, el abogado José Godoy explicó que este tipo de impedimento debe interpretarse de forma restrictiva. Según detalló, solo situaciones extremas —como una enfermedad grave que imposibilite el ejercicio de funciones— podrían justificar una salida anticipada, pero no cuestionamientos políticos ni investigaciones en curso.
Una postura similar sostuvo Fernando Ugaz, del estudio Ugaz Zegarra, quien remarcó que la ley no deja espacio para una renuncia voluntaria en estas circunstancias. Además, señaló que las denuncias presentadas no generan efectos inmediatos, por lo que deben seguir su curso regular antes de establecer responsabilidades. En sus palabras: “Las denuncias tampoco tienen efecto inmediato (…) son temas que aún se deben desarrollar. Considero que tienen su cadencia y se debe esperar para que se desarrolle de manera ordenada las investigaciones”.
No obstante, existen voces discrepantes. El abogado José Tello consideró que, más allá de las restricciones legales, Corvetto debería apartarse del cargo. Afirmó que la situación ha debilitado su credibilidad frente a los actores políticos y que el escenario podría volverse insostenible. En ese sentido, sostuvo que el jefe de la ONPE “debe dar un paso al costado” y advirtió que, si bien la ley limita la renuncia, también contempla excepciones cuando la permanencia resulta inviable.
Denuncia penal y cuestionamientos al proceso electoral
La controversia se origina en la denuncia penal presentada por la Jurado Nacional de Elecciones, que también alcanza a funcionarios del organismo electoral y a representantes de la empresa encargada de la logística.
Las imputaciones incluyen presuntos delitos contra el derecho al sufragio, omisión o demora en actos funcionales y obstaculización del proceso electoral. Según el documento, el retraso en la distribución del material electoral impidió la instalación oportuna de mesas de votación, afectando a miles de ciudadanos.
Asimismo, se cuestiona la contratación y supervisión de la empresa responsable del traslado del material, así como fallas en el sistema tecnológico utilizado durante el escrutinio. Estas observaciones han intensificado el debate sobre la responsabilidad de las autoridades electorales en medio de un proceso aún en desarrollo.
