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Juzgado verificará este 31 de enero que área de hemodiálisis del hospital Honorio Delgado este funcionando

Juzgado verificará que área de hemodiálisis del hospital Honorio Delgado este en pleno funcionamiento
Juzgado verificará que área de hemodiálisis del hospital Honorio Delgado este en pleno funcionamiento

La jueza titular del 1er. juzgado Constitucional de Arequipa, Karina Apaza del Carpio, declaró fundada la demanda de Amparo, interpuesta por el ciudadano Julio Jove Vilca por la vulneración del derecho a la salud al estar inoperativos sendos equipos de la unidad de hemodiálisis del hospital Honorio Delgado Espinoza.

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Por esta razón ha programado la diligencia de  de verificación del derecho Constitucional vulnerado se cumplirá el próximo viernes 31 de enero a las 09:30 hrs. en el hospital Honorio Delgado Espinoza. 

En tal sentido, la jueza emplazó al Gobernador Regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez y al director del hospital a no volver a incurrir en las omisiones que motivaron la interposición de la demanda; sin perjuicio de las responsabilidades que establece la ley.

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La magistrada dispuso la actuación inmediata de sentencia para verificar la operatividad de todas las máquinas del servicio de hemodiálisis; con lo que la justicia Constitucional espera cumplir sus fines de defensa de derechos constitucionales en beneficio de la población arequipeña.

La primera visita de inspección que realizó la jueza Constitucional, permitió corroborar la vulneración al derecho a la salud del demandante; por cuanto  constató la existencia de mayor cantidad de máquinas malogradas que operativas. 

Verificó  el funcionamiento de 11 máquinas de hemodiálisis, la existencia de 2 en retén y 14 equipos inoperativos.

De esta manera, se acreditó que la omisión del mantenimiento y operatividad de estos equipos, constituye vulneración del derecho a la salud y amenaza la vida  del beneficiario del procedimiento médico. 

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Juzgado: desatención de la unidad de hemodiálisis

En tanto que la desatención de la unidad de hemodiálisis pudo producir en cualquier momento que el demandante no reciba el tratamiento, afectando su salud y probablemente su vida.

La jueza subraya en la sentencia que todas las personas tiene derecho a poder acceder al servicio de salud  y el Estado se encuentra obligado a organizar, dirigir, reglamentar, garantizar y supervisar su prestación de manera eficaz, eficiente, universal, solidaria, integral y progresiva.

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