La ciudad de Juliaca, en la región Puno, recordó a las víctimas de la masacre ocurrida el 9 de enero de 2023, durante las movilizaciones en contra el gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, con una jornada cargada de simbolismo, que combinó fe, expresión artística y movilizaciones pacíficas en busca de justicia.
En una misa solemne, familiares y ciudadanos rindieron homenaje a los 18 fallecidos, entre ellos tres menores de edad, quienes perdieron la vida durante la represión policial y militar en una de las jornadas más trágicas de las protestas contra el gobierno de Boluarte.
Las plegarias, realizadas en un ambiente de profundo respeto, reflejaron el dolor colectivo y la esperanza de un futuro más justo para las víctimas y sus familias, quienes no dejan de pedir justicia por lo ocurrido.
El arte se convirtió en una herramienta de memoria y protesta en las calles de Juliaca, con murales, poemas y performances que retrataron los hechos y visibilizaron las demandas de justicia de los afectados.
La ciudad se llenó de colores, pancartas y mensajes que buscan mantener vivo el recuerdo de los mártires. A la par, movilizaciones pacíficas reunieron a cientos de ciudadanos que, con velas, flores y pancartas, reafirmaron su compromiso de seguir luchando contra la impunidad y la falta de justicia.
Juliaca pide justicia: Fiscalía investiga a policías y militares
Este segundo aniversario llega en medio de un proceso judicial plagado de trabas políticas y presupuestales, que ha dejado a las familias de las víctimas sin respuestas claras.
Entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, Perú vivió masivas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, especialmente en el sur del país, donde la consigna principal fue la renuncia de la presidenta.
El 9 de enero de 2023, miembros de la Policía Nacional y del Ejército (ahora investigados por el Ministerio Público) abrieron fuego contra manifestantes en Juliaca que intentaban tomar el aeropuerto.
Según el informe de Amnistía Internacional «Quién dio la orden«, sobre el uso de armas letales contra los manifestantes, dejando un saldo de 18 muertos y cientos de heridos.
Entre las víctimas se encontraban niños, mujeres embarazadas, médicos y civiles ajenos a las protestas. Este trágico episodio sigue siendo un recordatorio de la urgencia de justicia y de las violaciones a los derechos humanos que marcaron aquella jornada.
