Jorge Turpo Rivas
El Congreso de la República aprobó y oficializó el pago de un bono mensual de 9 mil 360 soles para los jueces titulares del Poder Judicial. La norma fue aprobada en junio pasado, pero recién se publicó esta semana en El Peruano y desde diciembre los jueces gozarán de ese beneficio. La norma no incluye a los fiscales.
Con este incremento de sueldo “encubierto”, los jueces pasarán a ganar mucho más que un congresista y hasta los ministros de Estado. De hecho, ingresarán al exclusivo grupo de funcionarios públicos cuyo pago mensual superan los 20 y 30 mil soles.
El parlamento aprobó ese incremento indicando que obedece a la “labor y dedicación al servicio público de los jueces”. La norma no incluye a los fiscales.
Es así como se establece el siguiente beneficio según el rango: Jueces superiores titulares recibirán un bono mensual de 9 mil 360 soles. Los jueces especializados o mixtos titulares recibirán un bono adicional de 7 mil 254 soles. Los jueces de paz letrado titulares recibirán un bono de 4 mil 680 soles.
“La bonificación adicional mensual no tiene carácter remunerativo, no está afecta a cargas sociales y no es de naturaleza pensionable ni forma parte de los beneficios laborales”.
“Asimismo, no constituye base de cálculo para la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) o cualquier otro tipo de bonificación, asignación o entrega”, indica el texto de la Ley.
Cuando la Ley fue aprobada en el Parlamento, la Comisión de Presupuesto sostuvo que la entrega de ese bono “podría traer beneficios significativos”, como “el fortalecimiento de la independencia judicial al garantizar una remuneración equitativa para todos los magistrados, lo que a su vez contribuiría a preservar la imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional”.
Actualmente, un juez titular, en promedio, como remuneración pensionable gana 14 mil 500 soles mensuales.
Una bonificación cuestionable para los jueces
Para la secretaria regional del Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público, Claudia Mostajo, entregar bonos tan onerosos a los jueces no mejorará en nada la administración de justicia en el país porque lo que debería mejorar son las condiciones del servicio con más locales para juzgados y fiscalías, así como más personal y materiales de trabajo.
“El incremento debería ser al sector en general sin incluir a jueces y fiscales porque ellos tienen una Ley Orgánica que ya es bastante favorable económicamente. En cambio, las necesidades del sector (juzgados y fiscalías) son múltiples. Estamos hablando de despachos donde no hay papel, no hay tinta, no hay espacio para los expedientes”, apuntó.
Agregó que otro problema en los órganos jurisdiccionales es la falta de personal para ofrecer un mejor servicio y las bajas remuneraciones que recibe el personal administrativo cuyos pagos están congelados hace unos diez años.
“No es posible que un juez, que ya está bien pagado, reciba más, cuando seguirá impartiendo justicia en las mismas condiciones. ¿Qué le convendría más el Estado? Por supuesto que sería invertir en todo el sector, no sólo en los jueces, pero optan por ese beneficio directo por quienes al final dictan las sentencias”, refirió Mostajo.
Trabajadores anuncian protestas
De otro lado, Mostajo indicó que el pre-dictamen de la Ley de Presupuesto para el 2025 no incluye el incremento presupuestal para el Ministerio Público que los trabajadores venían reclamando con paros preventivos.
Ante esta situación, en las siguientes horas definirán si desde el próximo martes acatarán una huelga indefinida. Todo dependerá si logran que se declare legal su medida de protesta.
“El actual gobierno no tiene la menor intensión de mejorar el trabajo del Ministerio Público y la administración de justicia en general, sólo quiere contentar a los jueces y seguro que luego ese bono será extensivo a los fiscales, pero la solución de fondo no existe”, comentó.
Fiscales piden la homologación
Tras conocerse sobre este bono a jueces, los fiscales están solicitando la homologación de haberes entre los fiscales y los jueces del Poder Judicial. Incluso varias sedes ya han presentado su solicitud a la Fiscalía de la Nación
