Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia de Perú, es señalado como líder de una organización criminal que operaba dentro del Ministerio del Interior, con la complicidad de varios funcionarios de alto rango, incluidos exjefes de la Policía Nacional y otros servidores públicos. Según la Fiscalía, este grupo estaría involucrado en actos de corrupción, tráfico de influencias y encubrimiento.
La estructura de la red criminal y las acusaciones principales
De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, Santiváñez habría usado su poder en el Ejecutivo para consolidar esta red criminal, que incluyó a figuras clave como el exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, Gregorio Villalón Trillo, y el coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, entre otros. El fiscal también mencionó que Santiváñez continúa al frente de esta organización hasta la fecha, a pesar de haber sido censurado por el Congreso.
La Fiscalía detalló cuatro hechos principales de corrupción atribuibles a Santiváñez y su organización. El primero involucra la intervención ilegal en un conflicto de concesión minera en Lucanas, Ayacucho, donde se favoreció a la empresa minera El Dorado a cambio de dinero. El segundo hecho corresponde a sobornos para garantizar la permanencia de varios generales de la Policía Nacional en sus puestos.
El tercer hecho implica el incumplimiento de normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal, quien defendió a cinco generales involucrados en actos de violencia durante las protestas de 2020. Por último, se investiga la posible implicación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, quien habría mantenido contacto frecuente con los implicados.
Juan Santiváñez y sus vínculos con Nicanor Boluarte y otros implicados
El caso también ha puesto en evidencia los vínculos de Santiváñez y su red con Nicanor Boluarte, quien, según testimonios, visitaba regularmente el estudio de abogados de Tenorio. La fiscalía ha señalado que Santiváñez habría reclutado a Luis Vivanco Gotelli para defender a Nicanor Boluarte en un caso que involucra el intento de encubrimiento de su implicación.
Además, se menciona que otros miembros de la organización criminal incluyen a los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, quienes pagaron grandes sumas de dinero para obtener favores de Santiváñez y Tenorio. Estos empresarios también habrían financiado actividades ilegales a cambio de protección en sus operaciones mineras.
Investigaciones en curso y futuras implicaciones
Con una red estructurada y operativa, los miembros de esta organización habrían cometido una serie de delitos contra la administración pública, como cohecho pasivo e impropio y colusión, con el objetivo de obtener beneficios económicos. La fiscalía continúa con la investigación, mientras que Santiváñez enfrenta un nuevo caso judicial que podría ampliar su implicación en otros actos de corrupción relacionados con la familia presidencial.
Este nuevo caso se suma a las 12 investigaciones previas que enfrentaba Santiváñez, quien ha sido señalado por su participación en la obstrucción de investigaciones vinculadas a la familia Boluarte.
