Durante su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el ministro de Justicia peruano, Juan José Santiváñez, defendió la Ley de Amnistía aprobada recientemente por el Congreso, asegurando que esta fue impulsada como reacción a “atentados terroristas” contra el Estado. Sin embargo, este argumento no coincide con el motivo original esgrimido por el Parlamento para justificar la medida.
Generando resumen...
En su declaración ante la ONU, Santiváñez expresó: “Esta se ha llevado a cabo de conformidad con la separación de poderes y como respuesta a los atentados terroristas que han intentado socavar la democracia y el Estado de derecho, causando gran sufrimiento a nuestro pueblo”.
No obstante, el Congreso aprobó la ley alegando que los procesos judiciales por casos de violencia política estaban estancados, sin hacer referencia directa a amenazas terroristas recientes. Esta discrepancia ha generado fuertes críticas y ha sido vista como una estrategia para encubrir impunidad.
Críticas internacionales: “Retroceso para la justicia”
La intervención del ministro ocurrió apenas un día después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtiera que la ley representaba “un retroceso para la justicia y para la verdad”, y que su implementación podría reabrir heridas sociales y elevar los niveles de tensión.
Según Türk, lejos de cerrar capítulos dolorosos de la historia, la amnistía “aumenta la tensión y violencia en la sociedad” y deja en mayor vulnerabilidad a las víctimas del conflicto armado interno.
Congreso impulsó la ley con otro argumento
En el debate parlamentario, los promotores de la Ley 32419 aseguraron que era una medida “justa y necesaria” para resolver procesos judiciales prolongados. El congresista Fernando Rospigliosi, uno de los principales defensores de la norma, señaló que numerosos militares estaban sometidos a procesos interminables que, en su opinión, no buscaban justicia sino venganza. Esta postura fue rebatida por organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, quienes afirman que muchos responsables aún no han sido juzgados.
Perú desafía a la Corte IDH
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en la que ordenó al Estado peruano abstenerse de aplicar la Ley de Amnistía, al considerar que viola el derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia. También advirtió que la medida contradice sentencias anteriores del mismo tribunal sobre crímenes cometidos entre 1980 y 2000.
Pese a esta resolución, el Gobierno peruano respondió con un comunicado —emitido el 6 de septiembre— donde calificó de “inaceptable” la decisión de la Corte, y anunció que seguiría evaluando la permanencia del país en el sistema interamericano de derechos humanos, incluso proponiendo una revisión de sus normas.
Santiváñez reafirmó esa posición ante la ONU: “Seguiremos cooperando con la oficina del Alto Comisionado para promover y proteger los derechos humanos, pero debemos reconocer que todas las personas tienen derecho a su libertad, independencia, autodeterminación y a poder construir su propia historia sin tener interferencias”.
Juan Santiváñez: un discurso con consecuencias
Las declaraciones de Santiváñez en un foro internacional, lejos de aclarar la postura del Perú, han generado más controversia. Organismos y especialistas coinciden en que el Gobierno busca reformular los argumentos detrás de la ley para ganar legitimidad internacional, pese a que su contenido contradice compromisos históricos del país en materia de derechos humanos.
Mientras tanto, la comunidad internacional y las organizaciones de víctimas siguen exigiendo la anulación de la amnistía y advirtiendo que su aplicación abriría un preocupante precedente de impunidad.
