El Ejecutivo, a cargo de José Jerí, dio luz verde a una ley que declara de interés nacional la construcción de una carretera en un sector amazónico marcado por cultivos de coca y operaciones vinculadas al narcotráfico. Según reveló Epicentro TV, la norma —presentada por siete parlamentarios de Fuerza Popular— fue promulgada sin reparos públicos, pese a múltiples alertas sobre los riesgos de abrir una vía en un corredor dominado por economías ilícitas.
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Organizaciones alertan sobre el impacto en zonas vulnerables
Diversos colectivos de conservación y especialistas en seguridad expresaron su preocupación, señalando que una carretera en esta región podría facilitar el tránsito hacia territorios donde actúan redes criminales. Indicaron que la débil presencia estatal y los antecedentes de proyectos similares elevan la probabilidad de que esta iniciativa termine favoreciendo la expansión de actividades ilegales.
El debate también se trasladó al Congreso. Aunque la bancada fujimorista defendió la propuesta argumentando que busca mejorar la conectividad regional, varios expertos cuestionaron que se haya aprobado sin estudios técnicos completos ni evaluaciones sobre el impacto en comunidades indígenas y áreas ecológicamente sensibles. La falta de transparencia en el proceso legislativo reforzó las dudas sobre los intereses reales detrás de la medida.
Distintas organizaciones ambientales recordaron que la construcción de carreteras en la Amazonía suele venir acompañada de deforestación, informalidad y ampliación de áreas cocaleras. En ese marco, la decisión de Jerí de promulgar la ley ha generado críticas por respaldar un proyecto que, según analistas, podría beneficiar tanto al fujimorismo como a grupos que operan en el narcotráfico.
¿Qué establece la ley firmada por José Jerí?
La norma declara de interés nacional la construcción de una carretera que cruzará una zona amazónica con antecedentes de narcopistas y cultivos de coca. El proyecto, impulsado por legisladores de Fuerza Popular, fue justificado por sus autores como una medida para integrar comunidades rurales y mejorar el comercio local. No obstante, especialistas advierten que el documento no detalla el trazo final ni establece criterios ambientales claros.
La iniciativa avanzó en comisiones y fue aprobada por el Pleno sin un análisis profundo de su impacto en seguridad y conservación. La ausencia de un estudio de impacto ambiental previo figura entre las críticas centrales de organizaciones civiles, que insisten en que ese tipo de omisiones abre espacio a la expansión del narcotráfico. Además, la norma no incorpora mecanismos precisos de fiscalización que eviten que la vía sea aprovechada por economías ilegales.
Analistas consultados remarcan que esta norma se suma a una tendencia legislativa orientada a promover carreteras en áreas frágiles sin una planificación integral. Estas decisiones, señalaron, suelen detonar invasiones, acelerar la deforestación y habilitar nuevas rutas para redes criminales. En ese contexto, la promulgación hecha por Jerí ha sido interpretada como una señal política que favorece a Fuerza Popular en regiones donde ya existen alertas por tráfico ilícito.
