El presidente de la República, José Jerí, fue quien elaboró el informe que llevó al archivo de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las manifestaciones sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, cuando ella aún ejercía la presidencia.
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El documento, sustentado el 18 de julio de este año ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, recomendaba no continuar con el proceso por considerar que “no se hallaron pruebas suficientes” que vincularan a Boluarte con los hechos. La sesión, de carácter reservado, fue presidida por la congresista María Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), y el informe fue finalmente aprobado por mayoría.
Comisión Permanente ratificó el archivo de la denuncia
Meses después, el 11 de septiembre, la Comisión Permanente del Congreso respaldó la recomendación de Jerí y decidió archivar definitivamente la denuncia, con 12 votos a favor y 10 en contra. De esa manera, se cerró el caso presentado por el entonces fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, quien había imputado a Boluarte presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
El texto de la denuncia constitucional 509 señalaba que “no se acreditó una vinculación directa, dolosa o constitutiva de infracción penal” por parte de la exmandataria. Sin embargo, el archivo legislativo no impide que el Ministerio Público continúe el proceso penal que lleva de manera independiente.
Jerí justificó su decisión y negó “jugar sin pruebas”
En declaraciones a Cuarto Poder, José Jerí defendió su informe, argumentando que la Fiscalía “no presentó los elementos contundentes” que sustenten una acusación. “El informe recoge lo que la Fiscalía presentó en base a los hechos que mostró. Si no hay todos los elementos o pruebas objetivas, el Congreso no puede tomar una decisión razonable. No vamos a acusar a alguien si no existen pruebas suficientes”, declaró.
El mandatario también opinó sobre los hechos de violencia ocurridos durante las protestas y afirmó que hubo “excesos muy puntuales”, cuya responsabilidad debe ser determinada por la Fiscalía y el Poder Judicial. Según expresó, “dentro de las protestas que hubo, hubo excesos muy específicos que lo está determinando la Fiscalía, y finalmente el Poder Judicial tendrá que sancionar a los responsables”.
Asimismo, insistió en que no se pudo demostrar una cadena de mando ni una orden directa desde el Ejecutivo que haya originado las muertes registradas durante las manifestaciones.
