El presidente José Jerí anunció la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por un periodo de 30 días. La decisión fue comunicada en un breve mensaje a la Nación de solo 46 segundos, en el que el mandatario no brindó mayores detalles sobre la aplicación de la medida, sorprendiendo a la opinión pública por la brevedad de su pronunciamiento.
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Medida oficializada en El Peruano
Minutos después del anuncio, el Gobierno publicó el decreto supremo en el diario oficial El Peruano, donde se precisan las disposiciones que regirán durante el estado de emergencia. Entre ellas destacan la prohibición de reuniones masivas, el patrullaje constante en zonas críticas y paraderos, así como la restricción del tránsito de dos adultos en motocicleta.
Asimismo, se autoriza a la Policía Nacional del Perú (PNP) —con apoyo de las Fuerzas Armadas— a mantener el control del orden interno. Según el documento, la PNP determinará “las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito”.
Restricciones y control penitenciario
El decreto también contempla restricciones en los centros penitenciarios. Los internos del régimen cerrado ordinario podrán recibir solo una visita semanal, mientras que los del régimen cerrado especial tendrán derecho a una visita quincenal de familiares cercanos.
En cuanto al control de telecomunicaciones ilícitas dentro de las cárceles, se ordena el apagón eléctrico en las celdas, limitando la iluminación, y el desmontaje de antenas ilegales. Esta labor estará a cargo de las Fuerzas Armadas.
Operaciones de seguridad y fiscalización
El plan de seguridad incluye la creación de fuerzas combinadas integradas por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, que ejecutarán patrullajes a pie y en vehículos en puntos estratégicos como estaciones del metro, instituciones públicas y activos estratégicos.
También se realizarán operativos de control de identidad, búsqueda de requisitoriados, inspecciones en viviendas y fiscalización de vehículos con documentación irregular. Además, se prevé el decomiso de armas, explosivos y productos pirotécnicos fabricados o comercializados de manera ilegal.
El decreto ordena, además, la fiscalización de insumos químicos utilizados para la elaboración de drogas y la aplicación de pruebas de confiabilidad con polígrafo a personal del INPE y funcionarios vinculados a la seguridad ciudadana.
Con esta declaratoria, el Ejecutivo busca reducir los índices de delincuencia y fortalecer las acciones de control en la capital y el primer puerto, ante el incremento de la inseguridad y las recientes protestas ciudadanas que exigen medidas más firmes contra el crimen.
