A casi un mes del anuncio realizado durante el mensaje a la Nación del 28 de julio, Keiko Fujimori reafirmó la intención de solicitar facultades legislativas para frenar la criminalidad y encarar los estragos del Fenómeno El Niño.
El Ejecutivo ha postergado en cinco oportunidades la fecha para solicitar facultades legislativas al Congreso de la República. La medida tiene como objetivo principal implementar acciones contra la criminalidad y los impactos del Fenómeno El Niño. Miembros del Gabinete han brindado declaraciones contradictorias sobre la fecha de entrega, manteniendo la propuesta en etapa de evaluación. Analistas y legisladores califican esta demora como una falta de claridad en las prioridades que afecta la atención de problemas urgentes.
- Keiko Fujimori reafirmó la intención de solicitar facultades tras el anuncio del mensaje a la Nación del 28 de julio.
- El ministro de Vivienda, Marco Vinelli, adelantó el 2 de agosto como fecha clave pero luego se retractó de su declaración.
- Especialistas sugieren que la postergación busca evitar el debate profundo en el Congreso sobre reformas económicas y laborales.
Sin embargo, a pesar de registrarse más de un centenar de homicidios e intensas lluvias en este periodo, el Gobierno aún no fija una fecha concreta para enviar el pedido al Congreso, limitándose a señalar que se concretará en “los próximos días” o la “próxima semana”.
Vacilaciones en el Gabinete y reproches por cálculo político
La falta de precisión también ha caracterizado las declaraciones de otros integrantes del Ejecutivo. Mientras que el primer ministro, Luis Galarreta, sostuvo que se encontraban “a tiempo” y avanzaban con prisa, el titular de Vivienda, Marco Vinelli, fue el único en aventurar el 2 de agosto como fecha clave, para luego retractarse y alinearse con la postura de postergar el anuncio.
Por su parte, ministros de carteras como Comercio Exterior, Cultura, Economía, Trabajo y Defensa se limitaron a indicar que la propuesta continuaba en evaluación, aunque el tema solo se abordó formalmente en el Consejo de Ministros del 29 de julio, fecha en que se filtró un borrador que desató críticas.
Analistas políticos y legisladores han calificado esta demora como un error de gestión. El especialista Iván García Mayer advirtió que la falta de decisiones inmediatas le cuesta vidas al país y sugirió que la postergación respondería a negociaciones para asegurar votos o a modificaciones tras el rechazo del primer texto.
En esa misma línea, la politóloga Paula Távara afirmó que el Ejecutivo estaría utilizando esta solicitud como una estrategia para introducir cambios económicos y laborales sin debatirlos a fondo en el Parlamento:
“Si lo que el Ejecutivo quiere es cambiar las normas existentes puede presentar proyectos de ley, pero lo que ellos no quieren es tener que discutir esos temas en el Congreso a profundidad”.
Por su parte, la senadora Mirtha Vásquez y el diputado Víctor Piñan cuestionaron la falta de claridad en las prioridades gubernamentales, señalando que genera falsas expectativas en la ciudadanía ante problemas urgentes que requieren atención inmediata.
