La reciente decisión del Gobierno de recortar más de 2.000 kilómetros cuadrados a la Reserva Arqueológica de Nasca ha reactivado la preocupación por la persistente amenaza de la minería ilegal sobre uno de los patrimonios culturales más emblemáticos del país.
La reducción —de 5.600 a 3.200 km²— fue defendida por el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, como una actualización técnica del polígono de protección que “refleja con mayor precisión la ubicación de los geoglifos”. Sin embargo, el propio titular del sector reconoció en entrevista que la minería informal sigue presente en la zona.
Reserva de Nasca: zona en riesgo desde hace años
Desde hace más de una década, el Ministerio de Cultura ha identificado la reserva de Nasca como una de las más afectadas por la minería ilegal. A pesar de su declaratoria como zona intangible, las pampas que albergan las famosas Líneas de Nasca han sido invadidas por operaciones clandestinas, muchas de ellas vinculadas al uso de explosivos y maquinaria pesada.
Un informe del propio ministerio enviado en 2024 al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú calificó esta área como la más vulnerable frente a la actividad minera ilegal en todo el país. Además, reveló que se han iniciado al menos diez procesos judiciales y varias interdicciones en plantas de procesamiento instaladas ilegalmente dentro del territorio protegido.
Uno de los casos más graves ocurrió en 2016, cuando un operativo policial halló explosivos, vehículos y campamentos ilegales en Quebrada de la Taruga, en plena zona intangible del entorno monumental de las líneas.
Polígono recortado, dudas extendidas
La redefinición del área protegida ha generado cuestionamientos, sobre todo porque reduce considerablemente el territorio reconocido desde 2004. Aunque el ministerio asegura que ni el área inscrita como patrimonio mundial ni su zona de amortiguamiento se han visto afectadas, expertos temen que el nuevo polígono facilite el avance de actividades económicas cercanas a los geoglifos.
El Gobierno sostiene que la actualización se basa en estudios técnicos realizados durante dos décadas, pero los registros oficiales indican que las amenazas no han disminuido incluso con la protección vigente. En 2015, por ejemplo, se descubrió una mina ilegal operando durante al menos dos años sin intervención estatal.
Patrimonio vulnerable, vigilancia insuficiente
El Ministerio de Cultura ha admitido que una de las principales dificultades para frenar la minería ilegal es el carácter clandestino de estas actividades. La vastedad del territorio —que incluye zonas de Palpa, Nasca y parte de Lucanas en Ayacucho— complica las labores de control y fiscalización.
Además, arqueólogos advierten que la actividad minera podría dañar sectores aún no estudiados, lo que implicaría la pérdida de vestigios prehispánicos aún no documentados. El Perú tiene más de 27.000 bienes inmuebles arqueológicos registrados, pero muchas áreas de valor siguen sin ser exploradas.
Mientras el Estado ajusta los límites sobre el papel, en el terreno la amenaza continúa. Las Líneas de Nasca, trazadas hace más de mil años, enfrentan hoy un riesgo silencioso que avanza bajo tierra: la minería ilegal.
