El Poder Ejecutivo oficializó este domingo 18 de mayo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), mediante la publicación del Decreto Supremo N.º 009-2025-EM. Sin embargo, la medida llega con una disposición controversial: la creación del “Reinfo hereditario”, que permitirá transferir la inscripción minera a los herederos del titular fallecido, pese a que esta figura no está contemplada en la Ley N.º 32213.
De acuerdo con el reglamento aprobado, los familiares podrán continuar con la actividad minera si la sucesión está inscrita en los Registros Públicos.
Además, si hay varios herederos, estos deberán constituir una persona jurídica integrada solo por ellos, para asegurar que exista un único responsable legal ante el Estado, tanto por las operaciones mineras como por sus impactos ambientales.
La decisión ha generado duras críticas por parte de expertos y especialistas. El abogado ambientalista César Ipenza cuestionó la legalidad de incorporar esta figura sin respaldo en la norma original.
Por su parte, el analista minero Iván Arenas advirtió que esto convierte un trámite administrativo en un derecho hereditario, perpetuando así el Reinfo e impidiendo una real depuración entre mineros informales e ilegales.
Reinfo: en un contexto donde el precio del oro alcanza niveles históricos
Las alertas también llegaron desde el Instituto Peruano de Economía (IPE), que proyecta que, al cierre de 2025, las exportaciones de oro ilegal podrían superar los US$12.000 millones, un 60% más que el año anterior.
Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, denunció que el Reinfo se ha convertido en un «manto de legalidad» que permite a la minería ilegal expandirse sin control, y que ahora ese manto podría traspasarse por herencia.
En un contexto donde el precio del oro alcanza niveles históricos, impulsado por conflictos internacionales y la incertidumbre económica, la minería ilegal gana terreno, beneficiándose de la falta de fiscalización estatal.
Según el IPE, esta situación pone en riesgo no solo el medio ambiente y la vida de los trabajadores, sino también la sostenibilidad de la minería formal en el país.
El Reinfo, creado en 2016 como un mecanismo transitorio para formalizar a la pequeña minería, lleva casi una década sin cumplir su propósito central.
En lugar de promover la legalidad, se ha transformado en un escudo para operaciones sin control técnico, tributario ni ambiental, lo que evidencia el fracaso de las políticas públicas en esta materia.
