El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco penales de alta peligrosidad del país mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM, publicado este sábado 5 de septiembre. La medida alcanza a los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad).
El Gobierno declaro el estado de emergencia por 60 dias calendario en cinco penales de alta peligrosidad del pais mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM. La medida incluye a Challapalca en Tacna, Cochamarca en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancon I en Lima, y Trujillo Varones en La Libertad. Durante este periodo, la Policia Nacional asumira el control perimetral externo de hasta 200 metros con apoyo de las Fuerzas Armadas, mientras el INPE continuara a cargo de la custodia interna. Segun las autoridades, estos centros penitenciarios albergan cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales. La accion forma parte de la Politica General de Gobierno 2026-2031 enfocada en reducir la inseguridad ciudadana.
- El estado de emergencia rige por 60 dias en los penales de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancon I y Trujillo Varones.
- Se suspenden los derechos a la libertad de transito, reunion y seguridad personal en un radio exterior de hasta 200 metros de cada establecimiento.
- La Policia Nacional del Peru y las Fuerzas Armadas controlaran el perimetro y vigilaran el espacio aereo y senales de comunicacion, mientras el INPE mantiene la custodia interna.
- El Gobierno sustenta la intervencion en que estos penales concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales.
- Se ejecutaran operativos continuos con el GOES del INPE para incautar celulares, tarjetas SIM y armas.
La declaratoria tendrá una vigencia de 60 días calendario y contempla la suspensión de los derechos a la libertad de tránsito, reunión y seguridad personal en el perímetro exterior de los penales, hasta un radio de 200 metros.
Según la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno en esta franja perimetral, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Estas últimas también estarán a cargo del resguardo del espacio aéreo y de las señales de radio y celulares en los alrededores de los establecimientos penitenciarios.
El INPE mantendrá la administración y custodia interna de los penales. El Gobierno sustenta la decisión en que estos cinco establecimientos concentran cerca del 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales que operan desde prisión.
Medida marca nuevas directrices del INPE
El decreto fue publicado un día después de que la presidenta Keiko Fujimori se reuniera en Palacio de Gobierno con el premier Luis Galarreta, el ministro de Justicia Ernesto Álvarez y el recién designado presidente del INPE, Abraham Lescano, para coordinar acciones inmediatas y establecer las directrices de la nueva gestión penitenciaria.
Como parte del operativo, se anunciaron controles permanentes para decomisar celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE.
Galarreta señaló que el Gobierno actúa “independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades” legislativas, aunque sostuvo que con estas facultades “actuará con más fuerza” contra la criminalidad organizada.
La declaratoria también se enmarca en la Política General de Gobierno 2026-2031, aprobada mediante decreto supremo el 4 de septiembre.
El documento establece cinco ejes prioritarios para el resto del mandato y tiene como primer objetivo reducir la inseguridad ciudadana que afecta la vida, la integridad y las actividades económicas de la población.
