En medio de un contexto marcado por la creciente inseguridad ciudadana, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha presentado un nuevo proyecto legislativo que apunta hacia el espacio. El Ejecutivo, junto con el primer ministro Eduardo Arana, ha remitido al Congreso el Proyecto de Ley N.° 12623/2025-PE, solicitando que se declare de “interés nacional y necesidad pública” la creación de un puerto espacial en territorio peruano.
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Según el documento, al que accedió La República, esta infraestructura tendría como objetivo central “posicionar al Perú como líder regional en el ámbito espacial”. El proyecto contempla un conjunto de componentes que permitirían ejecutar misiones y operaciones espaciales con propósitos científicos, comerciales, de exploración e incluso militares.
Avance tecnológico y defensa nacional
El Ejecutivo sostiene que esta iniciativa permitirá no solo promover la innovación y el desarrollo científico, sino también fortalecer la defensa nacional. “Esta ausencia de infraestructura limita significativamente las capacidades del país en investigación científica, monitoreo ambiental, telecomunicaciones, gestión de riesgos y defensa nacional”, advierte el documento.
De ser aprobado por el Congreso, el Ministerio de Defensa será la entidad encargada de coordinar las acciones necesarias para la implementación del puerto espacial. Asimismo, el texto señala que el proyecto no generará un impacto económico directo sobre el tesoro público, ya que tiene un carácter meramente declarativo en esta etapa.
Desde el Gobierno argumentan que el desarrollo de esta infraestructura contribuirá al fortalecimiento de las capacidades espaciales del Perú y fomentará una mayor autonomía tecnológica. El documento señala también que esta iniciativa busca alcanzar el bienestar de la sociedad, proteger la dignidad de la persona humana y consolidar los principios democráticos y la convivencia pluralista.
En palabras del Ejecutivo, el puerto espacial permitiría al Perú “evaluar otros dispositivos normativos que contengan derechos y deberes constitucionales y legales”, integrándose así a una visión más amplia de desarrollo nacional.
