El pasado sábado 19 de julio se llevó a cabo en Lima la llamada Marcha por la Paz, una movilización promovida por el Gobierno para expresar respaldo a la Policía Nacional en su labor contra la delincuencia. Sin embargo, la jornada ha quedado bajo cuestionamiento tras denuncias que señalan que empleados de diversos ministerios fueron presionados para participar.
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De acuerdo con fuentes consultadas por La República, personal de instituciones como el Ministerio de la Mujer (MIMP) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) habrían recibido indicaciones desde sus respectivas oficinas para asistir a la manifestación. La convocatoria se habría realizado a través de grupos internos de WhatsApp, en los que incluso se habrían ofrecido beneficios laborales a cambio de su presencia.
Gobierno realizó control de asistencia de los funcionarios públicos
La movilización partió desde las inmediaciones del Palacio de Justicia y concluyó en la Plaza San Martín. Durante el recorrido, se observó a personas tomando fotografías y supervisando a los asistentes, lo que —según las denuncias— habría sido una estrategia de control para verificar la presencia de los trabajadores del Estado.
Estas prácticas, según advierten los propios servidores públicos, vulneran derechos laborales y reflejan un uso indebido de los recursos humanos del Estado con fines políticos. Varios de los asistentes expresaron que se sintieron presionados a participar, ya fuera por temor a represalias o por la promesa de incentivos condicionados.
