El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte cuestionó duramente a la Fiscalía de la Nación, luego de que esta entidad solicitara al Poder Judicial declarar ilegal y cancelar la inscripción del partido Fuerza Popular.
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“La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral”, señaló la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un pronunciamiento público.
Defensa de la institucionalidad democrática
El Ejecutivo recordó que desde el 7 de diciembre de 2022, tras el fallido golpe de Estado, el Gobierno se ha mantenido firme en la defensa del estado de derecho, la institucionalidad, la Constitución y la democracia.
En ese marco, resaltó que la presidenta Boluarte convocó a elecciones generales para el 12 de abril de 2026, un proceso que deberá desarrollarse en un clima de paz, respeto y participación libre de todos los ciudadanos.
En el pronunciamiento, el Gobierno advirtió que la democracia no puede ser vulnerada ni condicionada por decisiones que busquen limitar la participación política. “Este hecho trascendental para la democracia de nuestro país no puede ser empañado por una institución como el Ministerio Público”, se precisó, en referencia al rol que cumple la Fiscalía.
La PCM sostuvo además que los últimos seis años han sido testigos de una grave inestabilidad política, con seis presidentes que pasaron por el Ejecutivo, lo que generó una profunda crisis económica, política y social. Frente a ello, subrayaron que el camino no es la confrontación, sino la consolidación de la institucionalidad y la búsqueda del desarrollo del país.
El comunicado también recalcó que Perú necesita fortalecer la confianza en su democracia y economía para atraer inversiones, garantizando que las próximas elecciones se realicen con la participación de todos los actores políticos habilitados legalmente, sin exclusiones arbitrarias.
Finalmente, el Gobierno remarcó que son los ciudadanos quienes deben decidir en las urnas a sus próximos representantes, y no instituciones que intenten extralimitarse en sus funciones. “Acciones alejadas de nuestro ordenamiento jurídico no deben impedir a los peruanos el libre ejercicio de elegir a sus próximas autoridades”, concluyó el pronunciamiento.
