El Gobierno peruano oficializó la aprobación del “Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028”, una estrategia nacional orientada a enfrentar la grave problemática de la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios del país y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.
El Gobierno peruano oficializó el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 para enfrentar la sobrepoblación en las cárceles del país. Esta medida responde a una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró un estado de cosas inconstitucional debido al hacinamiento crítico. El Ministerio de Justicia liderará la implementación de estrategias para mejorar la seguridad, habitabilidad y reinserción social de los internos. El plan busca optimizar la capacidad operativa del sistema penitenciario mediante la articulación entre el INPE y otras dependencias judiciales.
- La Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS formaliza la estrategia nacional alineada con la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
- Se otorgó un plazo de 15 días hábiles para elaborar instrumentos técnicos e indicadores que permitan evaluar el avance de las medidas.
- El INPE queda facultado para promover alianzas con entidades públicas y privadas para fortalecer la asistencia legal a los internos.
- La Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia será la encargada de supervisar y monitorear el cumplimiento de las metas.
La medida fue formalizada mediante la Resolución Ministerial N.° 0203-2026-JUS, publicada el viernes 5 de junio en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La iniciativa surge como respuesta a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, que declaró un “estado de cosas inconstitucional” debido al crítico nivel de hacinamiento existente en las cárceles peruanas.
El documento también se encuentra alineado con los objetivos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030 y con la actual declaratoria de emergencia del sistema penitenciario nacional, que busca implementar acciones urgentes para mejorar la gestión carcelaria.
Reducir el hacinamiento y fortalecer la reinserción social
Entre los principales objetivos del plan figura la reducción progresiva de la sobrepoblación penitenciaria, así como la mejora de las condiciones de habitabilidad, seguridad y atención de los internos.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) será la entidad responsable de liderar la implementación de las acciones contempladas en el plan, orientadas no solo a disminuir el hacinamiento, sino también a fortalecer los procesos de reinserción social y reducir los índices de reincidencia delictiva.
La estrategia contempla medidas que permitan optimizar la capacidad operativa del sistema penitenciario y garantizar un mejor acceso a servicios de asistencia legal y programas de rehabilitación para la población penitenciaria.
INPE, Defensa Pública y Gracias Presidenciales participarán en la ejecución
La implementación del plan será desarrollada de manera articulada entre diversas instituciones vinculadas al sistema de justicia y penitenciario.
Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia y la Dirección de Gracias Presidenciales, entidades que coordinarán acciones destinadas a cumplir los objetivos establecidos en la resolución ministerial.
Asimismo, se ha dispuesto que la Dirección de Política Criminológica del Ministerio de Justicia sea la encargada de supervisar y monitorear el avance de las medidas adoptadas.
Habrá seguimiento permanente y alianzas estratégicas
La normativa establece un plazo de 15 días hábiles para la elaboración de instrumentos técnicos, indicadores y mecanismos de reporte que permitan evaluar de forma permanente el cumplimiento de las metas trazadas.
Además, se faculta al INPE a promover alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas para fortalecer su capacidad operativa y ampliar la cobertura de asistencia legal gratuita dirigida a las personas privadas de libertad.
Con esta medida, el Ejecutivo busca enfrentar uno de los principales problemas estructurales del sistema penitenciario peruano, que durante años ha registrado niveles críticos de hacinamiento y limitaciones para garantizar condiciones adecuadas de reclusión.
El texto completo del Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028 ha sido publicado en las plataformas digitales del Ministerio de Justicia y del INPE, donde puede ser consultado por la ciudadanía.
