El gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, inició un proceso judicial contra el Ministerio de Cultura con el respaldo del despacho legal de Luciano López Flores. La solicitud central busca que la administración del patrimonio cultural del Cusco —incluido el Santuario Histórico de Machu Picchu— sea entregada al gobierno regional.
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Argumentos legales y cuestionamientos a la centralización
Según detalló el bufete Luciano López & Abogados, la demanda se fundamenta en la Ley N.º 29565, que desde 2010 ordena la transferencia de competencias en gestión cultural a los gobiernos regionales, disposición que hasta hoy no se ha concretado. El recurso fue presentado ante el Tercer Juzgado Civil de Cusco y plantea que esta omisión afecta la autonomía regional y la descentralización efectiva.
Luciano López, especialista en derecho constitucional, advirtió que “el incumplimiento del Ministerio de Cultura afecta la descentralización y expone a los gobiernos regionales a deficiencias en la gestión del patrimonio cultural”. Además, enfatizó que es momento de que el Estado “honre su palabra y cumpla la ley y los compromisos internacionales asumidos”.
Machu Picchu y la necesidad de una gestión integral
El debate sobre la administración del patrimonio no se limita a lo jurídico. Desde la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), Guido Valdivia planteó que los problemas de Machu Picchu requieren un enfoque global: “Para resolver los problemas de Machu Picchu se debe crear un plan que abarque desde Calca hasta la ciudadela, más aún ante la próxima apertura del aeropuerto de Chinchero”.
Valdivia también subrayó que es indispensable integrar a las comunidades locales para prevenir conflictos como huelgas o bloqueos, además de capacitar a la población para aprovechar el impacto económico del turismo. Su propuesta incluye un gestor autónomo con capacidad de convocar tanto al sector público como al privado.
El comunicado del equipo legal de Salcedo remarca que una gestión eficiente solo será posible mediante estructuras descentralizadas y el cumplimiento de la normativa vigente. López Flores concluyó que este caso “puede replicarse en otras regiones con importante patrimonio cultural en nuestro país”.
