El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, regidores de la Municipalidad Provincial y la empresa EMARSISTRÁN, por presuntas irregularidades vinculadas al incremento del pasaje urbano. La medida fue dispuesta por la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Arequipa tras la denuncia presentada por una ciudadana el 12 de marzo de 2026.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de Arequipa inició una investigación preliminar de 60 días contra el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez y otros funcionarios por presuntas irregularidades en el cobro de pasajes del transporte urbano. El proceso penal responde a una denuncia ciudadana sobre incrementos arbitrarios en las tarifas por encima del sol establecido en el Sistema Integrado de Transporte. Las autoridades fiscales evalúan los delitos de omisión de funciones, especulación y colusión, derivando este último caso a la Fiscalía Anticorrupción para las diligencias especializadas. Por su parte, el burgomaestre negó cualquier concertación ilegal con transportistas y aseguró que su gestión ya ha identificado a 80 unidades infractoras que serán debidamente sancionadas.
- El Ministerio Público investiga presuntos delitos de colusión, especulación y omisión de actos funcionales vinculados al incremento del pasaje urbano en Arequipa.
- La denuncia inicial fue presentada por una ciudadana obligada a pagar S/ 1.50, a pesar de que la tarifa oficial vigente se mantenía en S/ 1.00.
- La Fiscalía ha derivado los cargos por colusión a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para determinar posibles acuerdos entre autoridades y transportistas.
- La regidora Rocío Mango anunció una denuncia penal adicional cuestionando el sustento técnico y la legalidad de los recientes incrementos tarifarios.
- El alcalde Víctor Hugo Rivera rechazó las acusaciones de colusión y anunció que presentará sus descargos ante las autoridades fiscales tras ser notificado.
El proceso, a cargo del fiscal Eufracio Ticona Zela, comprende un plazo inicial de 60 días y considera los presuntos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión y especulación. La investigación se centra en determinar si existió responsabilidad de las autoridades municipales en el control de tarifas del transporte urbano.
Denuncia por cobro de pasaje superior a la tarifa establecida
De acuerdo con la disposición fiscal, el caso se origina tras la denuncia de Katty Corrales Arteaga, quien señaló haber sido obligada a pagar S/ 1.50 en una unidad de transporte público, pese a que la tarifa oficial se mantenía en S/ 1.00.
El incidente ocurrió cuando la denunciante abordó un vehículo de placa CP-234 (unidad C-9) de la empresa de transportes “3 de Octubre”, que cubre la ruta Campiña – Socabaya hasta Miraflores. Según su testimonio, al intentar pagar la tarifa regular a la altura de la posta Las Esmeraldas, la cobradora le exigió el pago de un monto mayor.
La disposición fiscal recoge que el conductor justificó el incremento señalando que “el petróleo ha subido” y que se dirigirían a un paro. La denunciante sostuvo que el cobro contraviene los acuerdos del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Arequipa, que se encuentra en etapa preoperativa y cuyo precio no debía modificarse.
Delitos investigados y derivación a fiscalía anticorrupción
El Ministerio Público ha calificado los hechos dentro de tres tipos penales. En primer lugar, el presunto delito de omisión de actos funcionales, por la posible inacción de las autoridades municipales para fiscalizar el cumplimiento de tarifas en el transporte urbano.
Asimismo, se investiga el presunto delito de especulación, relacionado con el incremento de precios en servicios considerados esenciales sin sustento en una estructura de costos. En este caso, se busca determinar si el alza del pasaje responde a condiciones reales o a decisiones arbitrarias.
En cuanto al presunto delito de colusión, la Fiscalía dispuso remitir copias certificadas a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Esta medida responde a la naturaleza del delito, que implica una posible concertación entre funcionarios y terceros para generar perjuicio al Estado.
Diligencias fiscales
Como parte de las diligencias preliminares, la Policía Nacional del Perú, a través de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero, deberá ejecutar acciones en un plazo de 40 días.
Entre ellas se incluye la toma de declaración ampliatoria de la denunciante, la solicitud de información a la SUNARP sobre el vehículo involucrado y el requerimiento a la Gerencia de Transporte de la municipalidad sobre posibles convenios con empresas de transporte.
También se dispuso realizar una inspección técnico-policial en las inmediaciones de la posta Las Esmeraldas, lugar donde se habría producido el cobro denunciado. Estas acciones buscan identificar a los responsables y asegurar los elementos materiales del caso.
Regidora presentará otra denuncia
En paralelo, la regidora provincial Rocío Mango anunció que presentará una denuncia penal contra el alcalde y funcionarios municipales tras el incremento del pasaje urbano a S/ 1.30 en la ciudad.
La autoridad cuestionó la legalidad de la medida y señaló que el aumento se habría aplicado mediante un comunicado, sin cumplir con el procedimiento correspondiente. Indicó además que no se habría realizado una adenda contractual ni se habría presentado información completa ante el concejo municipal.
La regidora informó que solicitará los expedientes técnicos y estudios que sustenten el incremento del pasaje, incluyendo información sobre las empresas que los elaboraron y los montos pagados. También señaló que las acciones legales alcanzarían a funcionarios desde el año 2023, en el marco de cuestionamientos a la gestión del transporte urbano en Arequipa.
Alcalde esperará notificación
Por su parte, el alcalde Víctor Hugo Rivera Chávez, en declaraciones a la prensa restó importancia a la denuncia. Señaló que, una vez notificado formalmente, presentará sus descargos correspondientes.
Indicó que su gestión realizó acciones de fiscalización frente al incremento indebido de pasajes que aplicaron algunas empresas antes del acuerdo adoptado el último martes.
En ese sentido, precisó que ya se tiene identificados al menos 80 buses que serán sancionados por estas prácticas. Además, descartó que exista colusión con los transportistas para permitir incrementos arbitrarios en la tarifa. “Si fuera así no habría dicho nada y hubiera dejado que sigan cobrando S/ 1.5 y que siga el caos”, declaró.
