La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay (Arequipa) inició una investigación preliminar contra el alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, Richard Ale Cruz, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay inició una investigación preliminar contra el alcalde Richard Ale Cruz por los presuntos delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. La indagación también incluye al gerente de Desarrollo Urbano y Rural y al jefe del Órgano de Control Institucional tras una denuncia relacionada con trámites de saneamiento físico-legal. El denunciante sostiene que la comuna exigió requisitos de difícil cumplimiento y no resolvió quejas administrativas dentro de los plazos legales. El Ministerio Público dispuso que la Comisaría PNP Mollendo recoja testimonios y documentación en un plazo inicial de 20 días para determinar posibles responsabilidades penales.
- La Fiscalía investiga presunto abuso de autoridad y omisión de funciones que involucran al alcalde provincial y otros dos funcionarios.
- El caso se origina por presuntas irregularidades y demoras en el saneamiento físico-legal del Asentamiento Santo Domingo en Cocachacra.
- Se cuestiona la falta de respuesta del burgomaestre ante pedidos ciudadanos y el rechazo de recursos por parte del Órgano de Control Institucional.
- El Ministerio Público fijó un periodo de 60 días para la investigación preliminar y ordenó la toma de declaraciones obligatorias de los implicados.
La investigación también alcanza al gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Juan Zúñiga Nuñez, y al jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), Rolando Almeida Benavente.
La investigación fiscal se originó a partir de una denuncia presentada por Sixto Mamani Sumari, quien viene realizando trámites para el saneamiento físico-legal del Asentamiento Santo Domingo, ubicado en el distrito de Cocachacra, ante la Municipalidad Provincial de Islay.
Según la denuncia, la Subgerencia de Control Urbano habría exigido al administrado la presentación de diversos documentos y requisitos que, según sostiene, serían de difícil cumplimiento dentro del plazo establecido. Además, se le habría advertido que el expediente podría ser declarado en abandono si no cumplía con dichas exigencias.
El denunciante cuestiona esta situación debido a que el Asentamiento Santo Domingo habría sido reconocido oficialmente por la propia Municipalidad Provincial de Islay mediante las resoluciones de alcaldía N.° 459-97-MPI y N.° 219-98-MPI y, por ello, considera que la tramitación de su expediente no estaría siendo atendida de manera adecuada.
Cuestionan actuación de funcionarios municipales
Mamani Sumari también informó a la Fiscalía que presentó una queja por defectuosa tramitación ante la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Sin embargo, sostiene que este pedido no habría sido resuelto dentro del plazo legal correspondiente.
Ante esta situación, el denunciante solicitó la intervención del alcalde Richard Ale Cruz. De acuerdo con su versión, el burgomaestre tampoco habría respondido a sus pedidos, mientras que posteriormente habría coordinado una visita de campo con dirigentes de otra asociación, relacionada con un posible conflicto por el mismo terreno.
El denunciante también señala que se había programado una reunión con el alcalde, pero que Richard Ale no habría asistido. A ello se suma el cuestionamiento contra el OCI municipal, debido a que un recurso presentado por Mamani Sumari habría sido rechazado sin una justificación que considerara suficiente.
Estos hechos motivaron que el caso también fuera llevado ante la Contraloría General de la República, mientras que en el ámbito penal el Ministerio Público decidió iniciar diligencias preliminares para determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones.
Fiscalía ordena diligencias y fija plazo de investigación
Como parte de las primeras acciones, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Islay dispuso que la Comisaría PNP Mollendo realice diversas diligencias en un plazo de 20 días.
Entre ellas se encuentra la declaración del denunciante, así como la toma de declaraciones de Richard Ale Cruz, Juan Zúñiga Nuñez y Rolando Almeida Benavente, quienes deberán acudir con la presencia obligatoria de sus respectivos abogados defensores.
También se dispuso recoger la declaración testimonial del subgerente de Control Urbano y solicitar documentación tanto a la Municipalidad Provincial de Islay como al Órgano de Control Institucional, con la finalidad de conocer cómo fueron tramitados los expedientes relacionados con el saneamiento físico-legal del asentamiento.
La investigación preliminar tendrá una duración de 60 días, periodo durante el cual el Ministerio Público deberá determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales o si corresponde disponer el archivo del caso.
Cabe precisar que la investigación se encuentra en etapa preliminar y los funcionarios comprendidos mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial firme que determine responsabilidad.
