El expresidente Ollanta Humala Tasso presentó una denuncia penal contra los jueces que lo condenaron a 15 años de prisión, junto a su esposa Nadine Heredia, por el delito de lavado de activos. A raíz de esta acción legal, el Ministerio Público dispuso abrir diligencias preliminares contra los magistrados Max Vengoa, Juana Caballero y Nayko Coronado, a quienes se les atribuirían presuntas irregularidades cometidas durante el proceso judicial.
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La acusación incluye los delitos de abuso de autoridad, omisión o retardo de actos funcionales, prevaricato y falsedad ideológica. En ese marco, la Séptima Fiscalía Corporativa Penal Superior ordenó la toma de declaraciones del exmandatario, de los jueces involucrados y del procurador público del Poder Judicial.
Diligencias y pedidos de información
Como parte de la investigación, la Fiscalía solicitó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) del sistema judicial que remita información detallada sobre las quejas funcionales interpuestas por Humala contra los magistrados, desde abril de 2025 hasta la fecha. El requerimiento también abarca el historial de procedimientos disciplinarios y posibles sanciones que registren los jueces denunciados.
Asimismo, se pidió al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que informe sobre el estado actual del expediente correspondiente a la sentencia contra la expareja presidencial. La denuncia también alcanza a la especialista legal de dicho juzgado, Katherine Flores Velarde, por los mismos presuntos delitos.
Los argumentos de Ollanta Humala y Heredia
Según la denuncia, a la que tuvo acceso La República, Humala sostiene que fue recluido en el penal de Barbadillo cuando aún no se había emitido ni notificado la sentencia completa. El exjefe de Estado recuerda que el Tribunal Constitucional ha establecido que un adelanto de fallo no puede ejecutarse hasta que se realice la lectura íntegra del documento, lo cual ocurrió recién el 29 de abril de 2025.
No obstante, afirma que ese día no se le entregó copia de la sentencia ni se realizó una notificación conforme a lo estipulado en el artículo 396 del Código Procesal Penal. Por ello, presentó una queja ante la ANC del Poder Judicial, y recién el 2 de mayo se le notificó el texto completo.
En relación con el presunto abuso de autoridad, en el documento se señala que la privación de su libertad se habría ordenado sin un mandato debidamente motivado, es decir, sin una sentencia penal formalizada. Humala también argumenta que no se valoró su conducta procesal, ya que asistió a todas las audiencias del juicio oral.
Sobre el presunto prevaricato, la denuncia sostiene que los magistrados no actuaron conforme a ley al disponer su detención. En cuanto a la supuesta falsedad ideológica, se cuestiona que la sentencia no habría sido notificada oportunamente porque no estaba elaborada o no contaba con las firmas correspondientes. Incluso, se afirma que se consignó información falsa al indicar que el fallo fue leído íntegramente cuando, según Humala, ello no ocurrió.
Respecto a la omisión o demora de actos funcionales, se acusa a los jueces de haber retrasado de manera intencional la notificación integral de la sentencia, que debió realizarse el mismo día de su lectura completa.
