La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Arequipa ha iniciado una investigación preliminar por 60 días contra quienes resulten responsables del presunto delito de minería ilegal detectado en la zona de Dique Quelgua, ubicada en la margen izquierda del río Tambo, en el distrito de Cocachacra, provincia de Islay, en Arequipa.
La fiscal provincial Carolina Cáceres Zúñiga dispuso la identificación de los responsables de esta actividad que podría estar contaminando directamente el río Tambo, una fuente vital para el consumo humano y la agricultura en el valle de Islay.
La denuncia fue interpuesta por los consejeros regionales Juan Carlos Huanca y Nila Roncalla, integrantes de la Comisión de Energía y Medio Ambiente del Consejo Regional de Arequipa, luego de realizar una inspección el pasado 23 de mayo en compañía de la Policía Nacional y del gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco.
Durante la visita, los funcionarios constataron la existencia de un andarivel de unos 8 metros de altura, aparentemente utilizado para transportar materiales y personas sin necesidad de cruzar el río.
En la margen derecha, encontraron un campamento improvisado con estructuras de madera, además de una compresora, generador eléctrico, tanque de agua y un pulmón de aire comprimido. Todos estos equipos estaban interconectados mediante una tubería de polietileno que se introducía en un socavón de aproximadamente 3 metros de alto y ancho.
A unos 400 metros del campamento, en la zona conocida como El Carrizal, hallaron otro socavón de 15 por 10 metros, con evidencias de reciente actividad extractiva.
Desde ese punto se había acondicionado un estrecho camino de 1.30 metros de ancho a lo largo de la ladera del río, por donde también discurría una tubería, presuntamente utilizada para transportar cables eléctricos hacia el interior de la mina ilegal.
Minería ilegal: grave amenaza para el ecosistema del valle de Tambo
El consejero Huanca relató que, durante la intervención, los servidores de la Gerencia de Energía y Minas intentaron acercarse al campamento, pero fueron advertidos por medio de un altavoz que no podían ingresar porque se trataba de una supuesta propiedad privada.
Además, no encontraron trabajadores en el lugar, lo que les hace suponer que fueron alertados de la llegada de la comitiva. Algo similar ocurrió en una inspección previa realizada en noviembre de 2024, aunque entonces solo se halló un socavón sin equipos.
La preocupación de las autoridades regionales radica en que esta actividad minera ilegal representa una grave amenaza para el ecosistema del valle de Islay. El río Tambo abastece de agua potable a varias comunidades y es crucial para el riego de cultivos.
Según Huanca, el impacto ambiental de esta operación clandestina podría ser incluso mayor al del proyecto minero formal Tía María, que cuenta con autorización y supervisión ambiental.
