Golpe al Ministerio Público. Diversos especialistas han señalado que la reciente maniobra de Patricia Benavides, al intentar recuperar el cargo de fiscal de la Nación, representa no solo una amenaza directa a la autonomía del Ministerio Público, sino el primer paso de una estrategia mayor para tomar el control del sistema electoral con miras a condicionar los resultados de las elecciones generales del 2026.
Para la fiscal suprema Delia Espinoza, este intento de regresar a la jefatura del Ministerio Público constituye el inicio de un golpe a la democracia. Analistas coinciden en que detrás de la captura institucional se esconde un proyecto más amplio: direccionar las próximas elecciones a través de un control indirecto pero sistemático del sistema de justicia y sus vínculos con los organismos electorales.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), encargado de organizar los comicios y garantizar su legitimidad, está conformado por cinco representantes: uno del Poder Judicial, uno de la Junta Nacional de Fiscales Supremos, uno del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y dos representantes de los decanos de las universidades públicas y privadas. Debido a esta composición, cualquier intento de captura de estas instituciones puede tener efectos directos sobre la imparcialidad del JNE.
¿Cómo se pretende amenazar la autonomía del Ministerio Público?
Como ejemplo, los especialistas recuerdan lo ocurrido en las elecciones generales del 2021. Entonces, el partido Fuerza Popular promovió la narrativa de un supuesto fraude electoral tras la victoria de Pedro Castillo. Fue el JNE, liderado por el magistrado Jorge Salas Arenas, quien desestimó los recursos de nulidad presentados por el partido, relacionados con más de 800 mesas de sufragio, ratificando así los resultados oficiales.
El vínculo entre el sistema de justicia y la estructura electoral es clave. La Junta Nacional de Fiscales Supremos, que participa en la composición del JNE, forma parte del Ministerio Público. Por ello, la restitución de Patricia Benavides en esa instancia generó preocupación. La abogada Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que, si ese sector hubiera sido cooptado, se habría podido designar en el JNE a un representante alineado con intereses particulares.
La misma lógica aplica a otros componentes del sistema electoral. En el ámbito universitario, se ha observado que el Congreso viene impulsando reformas favorables a los intereses económicos de ciertas universidades, lo cual puede condicionar la elección de sus representantes en el JNE.
En cuanto a la Corte Suprema, el pasado 13 de febrero se intentó destituir a su presidenta, Janet Tello, a raíz de una denuncia presentada por un coronel en retiro. Este recurso involucraba también a otros magistrados de la sala constitucional y social de la Corte. Sin embargo, la fuerte defensa ejercida por Tello y el respaldo del Colegio de Abogados de Lima impidieron que el proceso prosperara.
Por otro lado, desde el 15 de mayo, el decano del CAL, Raúl Canelo, ha sido blanco de una campaña de cuestionamientos. Un proceso iniciado por el Consejo de Ética de la misma institución lo acusa de presuntas faltas, lo que, según sus propias declaraciones, tendría un trasfondo político. Canelo considera que se intenta silenciar a la actual gestión del Colegio para controlar la elección de su representante ante el JNE.
Según explicó, el actual miembro del CAL en el JNE, Willy Ramírez, culmina su gestión en febrero de 2026, por lo que en diciembre de este año se llevará a cabo la elección de su reemplazo. Canelo sostiene que su directiva resulta incómoda para ciertos grupos de poder que esperaban tener influencia en ese proceso. Indicó que incluso se intentó transferir la responsabilidad de la elección al Consejo de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, pero al no conseguir los votos necesarios en dos legislaturas consecutivas, se redirigió la presión hacia su gestión.
Los expertos coinciden en que estos movimientos reflejan un intento coordinado por influir sobre los órganos responsables de garantizar la transparencia electoral. La situación, advierten, debe ser atendida con urgencia para evitar que se socaven los principios democráticos del país.
