A través de un nuevo documento dirigido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el exalcalde del distrito de Yarabamba, Manuel Aco Linares, solicitó con carácter urgente la reposición de su credencial como alcalde, denunciando que su suspensión del cargo se mantiene “de manera ilegal” y en base a una resolución judicial que califica como “prevaricadora”.
La petición viene acompañada de una denuncia contra la fiscal Marita Cueva Ojeda y la jueza Janet Lastra Ramírez, a quienes acusa de haber vulnerado sus derechos durante el proceso judicial que enfrenta.
Este pedido se produce poco después de que Aco admitiera públicamente, durante una audiencia realizada el pasado 17 de julio y transmitida por redes sociales, haber cometido actos de corrupción.
En dicha sesión, su abogado defensor no solo aceptó las restricciones impuestas por el Poder Judicial, sino que además aseguró que Aco no tenía intención alguna de volver a la alcaldía. Esa postura parecía definitiva hasta ahora.
Exalcalde “culpa” a la jueza de su inhabilitación
Según su alegato, dicha orden fue emitida por una jueza del Poder Judicial de Arequipa, quien habría dispuesto su inhabilitación como autoridad edil sin contar con una sentencia firme en su contra.
“Mi persona está siendo privada de ejercer el cargo de alcalde mediante una orden judicial prevaricadora que debe corregirse, y no seguir perjudicando a una autoridad elegida por voto popular”, señaló en el documento, exigiendo además que el caso sea remitido al Ministerio Público para que se investigue a la magistrada responsable.
exalcalde-de-yarabambaAco fue enfático al demandar que, “bajo responsabilidad funcional”, el JNE debe restituirle su credencial de alcalde y dejar sin efecto la credencial provisional otorgada al teniente alcalde. “Han pasado nueve meses atropellando mis derechos como autoridad municipal, pese a que no cuento con sentencia consentida ni ejecutoriada, solo con un proceso penal en curso”, argumentó el exalcalde de Yarabamba..
El exburgomaestre también advirtió que acudirá a los medios de comunicación y redes sociales para denunciar lo que considera un abuso de autoridad por parte de jueces del Poder Judicial.
“Mediante una resolución prevaricadora, me han inhabilitado por nueve meses sin tener sentencia alguna. Estos hechos no deben pasar por alto. Exijo que se actúe en defensa de mis derechos”, concluyó.
Este nuevo pronunciamiento se da en medio de una investigación penal en curso, donde Aco admitió previamente haber cometido actos de corrupción en el ejercicio de su función. Sin embargo, pese a su confesión, insiste en su retorno a la gestión pública, desatando críticas por parte de sectores que observan con preocupación su intento de regresar al poder político.
