En el marco de la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2024, se difundió una encuesta realizada por Ipsos que revela un amplio rechazo por parte de los líderes corporativos y ejecutivos de las cinco mil empresas más grandes del país hacia las principales autoridades del Gobierno y el Congreso. Según el estudio, la presidenta Dina Boluarte alcanza una desaprobación del 93%, con solo un 6% de apoyo, marcando una fuerte caída respecto al 2023, cuando su aceptación era del 37%.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, registra un rechazo del 91%, mientras que el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, cuenta con un 70% de desaprobación y un respaldo del 23%.
El Congreso también enfrenta una crítica contundente, con un 96% de desaprobación, mientras que otras instituciones como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen un 92% de rechazo, y el Ministerio Público un 88%.
En contraste, algunas instituciones financieras mantienen una percepción positiva. El Banco Central de Reserva (BCR) disfruta de una aprobación del 99%, y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) alcanza un 77%.
CADE 2024: corrupción, delincuencia y la inseguridad
Los ejecutivos identifican la corrupción (83%) como el principal problema del país, seguida de la delincuencia y la inseguridad ciudadana (82%). Otras preocupaciones incluyen la crisis política y la polarización (28%), la falta de liderazgo gubernamental (28%), y la educación inadecuada (19%).
La principal demanda al Estado es mantener el orden interno y la seguridad (56%), superando solicitudes tradicionales como garantizar un marco tributario y laboral competitivo (41%) y fomentar la estabilidad macroeconómica (41%).
El estudio concluye que el 63% de los encuestados considera que el Perú está en retroceso, mientras solo el 9% cree que está progresando. Según Ipsos, este nivel de pesimismo empresarial es el segundo más alto en los últimos años, únicamente superado durante el Gobierno de Pedro Castillo.
Con una base de 333 encuestados, este sondeo evidencia las crecientes preocupaciones y demandas del sector empresarial frente al panorama político, social y económico del país.
