Una reciente encuesta nacional de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI) revela un sombrío panorama para el futuro de la presidenta Dina Boluarte una vez que concluya su gestión. Según el sondeo, un mayoritario 50.7% de la población peruana opina que la mandataria irá a la cárcel o será encarcelada al finalizar su periodo presidencial.
Este sentimiento se enmarca en una percepción generalizada de que Boluarte enfrentará serias consecuencias legales. Un 11.1% cree que será investigada por muchas denuncias, un 10.5% piensa que se fugará o pasará a la clandestinidad, y un 9.4% vaticina que irá a juicio.
En total, más del 90% de los encuestados considera que el futuro de la presidenta estará ligado a procesos penales y acciones legales.
La desconfianza en el futuro de la presidenta se condice con el masivo rechazo a su continuidad en el cargo. Un contundente 70% de los peruanos considera que Boluarte debe dejar de ser presidenta «lo antes posible», frente a solo un 29% que opina que debería culminar su mandato en julio de 2026. Esta demanda de una salida anticipada es especialmente alta entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 72.4%.
Dina Boluarte: nivel de desaprobación es del 97% según encuesta
El nivel de desaprobación a la gestión de la presidenta alcanza cifras históricas. Según los datos de CPI, un abrumador 97% de los ciudadanos desaprueba la labor de Dina Boluarte, con apenas un 2.1% de aprobación y un 0.9% que no precisa una respuesta. Esta cifra es prácticamente idéntica entre hombres (96.6% de desaprobación) y mujeres (97.5%).
La crisis de popularidad y credibilidad de la mandataria se ha visto agravada por diversas investigaciones fiscales en su contra.
Entre las más notorias se encuentran el «caso Rolex», por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración; las muertes ocurridas durante las protestas sociales de finales de 2022 e inicios de 2023, donde se le investiga por presunto homicidio calificado; y la desactivación del equipo especial policial que apoyaba a los fiscales anticorrupción, lo que generó una investigación por presunto encubrimiento personal.
Estos casos han contribuido a cimentar la percepción pública de que la presidenta enfrentará a la justicia al dejar el poder.
