La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido un exjefe de la entidad, por diversas irregularidades detectadas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 realizadas el pasado 12 de abril.
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Según el Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, las observaciones detectadas habrían provocado demoras en la distribución de material electoral y afectado el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.
La Contraloría señaló que los hechos investigados involucran presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte de carga para el despliegue y repliegue de material electoral, así como deficiencias en la planificación logística del proceso electoral.
Contraloría advierte presunto favorecimiento indebido en millonario contrato
De acuerdo con el informe, funcionarios de la Subgerencia de Producción Electoral y de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE elaboraron términos de referencia que no determinaban la cantidad real de vehículos necesarios para el traslado del material electoral y equipos informáticos.
Asimismo, la Contraloría detectó que evaluadores del proceso de selección aplicaron criterios que no estaban establecidos en las bases, reduciendo arbitrariamente las dimensiones de vehículos ofertados por uno de los postores.
Esta situación permitió adjudicar la buena pro de un contrato valorizado en S/ 6 368 332.75 a una propuesta económica superior por más de S/ 168 mil, generando un presunto favorecimiento indebido.
El órgano de control también identificó que el postor ganador habría consignado información inexacta sobre la capacidad de carga de seis vehículos, obteniendo un puntaje que no le correspondía.
Además, se reveló que la empresa adjudicada prestó el servicio utilizando mayoritariamente vehículos de terceros: 437 unidades alquiladas y solo 40 vehículos propios.
Distribución tardía afectó instalación de mesas y derecho al voto
Otro de los hechos observados por la Contraloría corresponde a la reprogramación de rutas para el traslado de equipos informáticos electorales el día previo a las elecciones.
Según el informe, funcionarios de distintas áreas de la ONPE realizaron cambios en 43 rutas que comprendían 553 locales de votación y más de 8 mil mesas de sufragio, pese a que el tiempo estimado para las entregas resultaba insuficiente.
La Contraloría advirtió que se asignaron plazos de entre tres horas y media y cuatro horas para recorridos que requerían al menos ocho horas, afectando el cronograma operativo electoral.
Como consecuencia, se produjo la distribución inoportuna de material y equipos informáticos en 3605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no lograron instalarse el día de la votación en Lima Metropolitana.
Esta situación afectó directamente el derecho al sufragio de más de 55 mil ciudadanos, además de comprometer la finalidad pública de las contrataciones realizadas para el proceso electoral.
El informe también cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil, entre el 7 y 9 de abril de 2026, sin sustento técnico ni legal suficiente.
Entre las observaciones figura el incremento del costo de repliegue de equipos informáticos desde S/ 0.60 hasta S/ 6 por kilogramo, lo que representó un aumento de 900 % respecto al contrato inicial.
Finalmente, la Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar las acciones correspondientes para determinar responsabilidades administrativas, mientras que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción deberá evaluar el inicio de acciones penales contra los funcionarios involucrados.
