La Contraloría General de la República (CGR) inició un amplio operativo de control con el despliegue de 1200 auditores a nivel nacional para supervisar la distribución y llegada del material electoral destinado a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para este sábado 7 de junio.
La Contraloría General de la República ha desplegado a 1200 auditores a nivel nacional para supervisar la distribución del material electoral de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026. Esta fiscalización abarca desde el traslado a oficinas consulares y Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales hasta el arribo a los locales de votación. En la región Arequipa, los equipos de control verificaron el transporte hacia las siete oficinas descentralizadas y el estado de los vehículos logísticos. El operativo tiene como fin alertar sobre situaciones adversas para que la ONPE y el JNE adopten las medidas correctivas necesarias.
- Un equipo de 1200 auditores fiscaliza la distribución de materiales para los comicios del sábado 7 de junio.
- La supervisión se concentra en 126 oficinas descentralizadas, almacenes centrales de la ONPE y locales de sufragio.
- En Arequipa se intervino en las siete ODPE regionales para garantizar la correcta distribución de los insumos electorales.
- El operativo proyecta la supervisión de más de 500 locales de votación priorizados por su cantidad de electores y mesas.
La labor de fiscalización abarca desde el envío de materiales a oficinas consulares en el extranjero hasta su traslado a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y locales de votación en todo el país.
En la región Arequipa, los equipos de control verificaron el traslado del material electoral hacia las siete ODPE instaladas en la región, así como el estado de los vehículos encargados de transportar los insumos electorales y la correcta distribución de los materiales de votación. Asimismo, se informó que entre el viernes y sábado se supervisará el despliegue final hacia los locales de sufragio.
El objetivo de este operativo es identificar y alertar oportunamente sobre posibles situaciones adversas que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral, permitiendo que organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adopten medidas preventivas y correctivas.
Como parte de estas acciones, desde abril la Contraloría ya venía supervisando la entrega de material electoral a oficinas consulares administradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual forma, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE efectuó visitas al proceso de impresión y ensamblaje del material electoral, mientras que el OCI del JNE realiza acciones de control relacionadas con la contratación de fiscalizadores electorales.
Tres puntos críticos bajo vigilancia
La Contraloría informó que las labores de fiscalización se concentran principalmente en tres etapas consideradas críticas para el proceso electoral.
La primera corresponde a las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), donde se verifica la recepción oportuna del material, la contratación de servicios de transporte y la distribución hacia los locales de votación.
El segundo punto de control se desarrolla en los almacenes de la ONPE, especialmente en el centro de distribución ubicado en Lurín, desde donde se coordina el envío del material electoral hacia diversas regiones del país.
Finalmente, la supervisión se extenderá a los locales de votación y mesas de sufragio, donde se comprobará la recepción del material electoral, la presencia de fiscalizadores del JNE, coordinadores de la ONPE y la correcta instalación de las mesas antes del inicio de la jornada electoral.
Más de 500 locales de votación serán supervisados
Para la ejecución de este operativo nacional, la Contraloría movilizó personal de las distintas Gerencias Regionales de Control y de la Vicecontraloría de Control Gubernamental, con el propósito de monitorear tanto el despliegue como el repliegue del material electoral.
A nivel nacional se proyecta supervisar más de 500 locales de votación, priorizando aquellos con mayor número de electores, mayor cantidad de mesas de sufragio y mesas pertenecientes a la serie 900 mil. Además, se ha dispuesto que al menos un local de votación por provincia sea objeto de control directo.
En el caso de Lima Metropolitana, la Contraloría realizará una supervisión integral del proceso de distribución y controlará una muestra de 175 locales de votación, para lo cual se contará con el trabajo de 442 auditores.
