Jorge Turpo
El grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), fundado en Perú en 1971 y responsable de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa, ha sido disuelto por orden del Papa Francisco.
La decisión, confirmada por la propia organización, se produce tras años de denuncias e investigaciones por abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro del grupo, algunos de ellos contra menores.
La noticia, que se manejaba con carácter reservado, fue filtrada durante el fin de semana por un portal web vinculado al Vaticano. El SVC, reunido en asamblea en la ciudad brasileña de Aparecida, reconoció la veracidad de la información y lamentó la filtración.
Dos de sus integrantes, responsables de la fuga, fueron expulsados de la asamblea tras admitir su falta. El Sodalicio ratificó su obediencia al Papa Francisco y se comprometió a comunicar sus decisiones solo a través de canales oficiales.
La disolución del grupo es la culminación de un largo proceso que comenzó en 2015 con la publicación del libro «Mitad monjes, mitad soldados» de los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz. La obra destapó una serie de testimonios de víctimas de abusos dentro del Sodalicio.
En respuesta a las denuncias, el Vaticano inició una investigación en 2018, que incluyó el envío de una comisión especial a Perú en 2023, liderada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, experto en delitos de abusos.
Como resultado de la investigación, el Vaticano ha expulsado a 15 miembros del Sodalicio, incluyendo a su fundador, Luis Fernando Figari, en agosto de 2023.
Figari, nacido en Lima en 1947, ha sido acusado de abusos físicos, psicológicos y sexuales por exmiembros del Sodalicio y por investigaciones periodísticas. También se le ha acusado de encubrir abusos cometidos por otros líderes del grupo, como Germán Doig, Virgilio Levaggi y Jeffrey Daniels.
Qué pasara con la Universidad San Pablo
El escándalo del Sodalicio también salpicó a la Universidad Católica San Pablo, cuya cúpula directiva estaba integrada por miembros de la organización.
Miguel Salazar Steiger, prorrector para la Persona y la Cultura, y Rafael Ísmodes Cascón, capellán de la universidad, fueron expulsados del Sodalicio en septiembre de 2024 por el Vaticano.
Ambos fueron hallados responsables de abusos de conciencia, abuso espiritual, abuso en la administración de bienes eclesiásticos, así como de acoso laboral y encubrimiento de delitos dentro de la institución.
La universidad, sin embargo, ha mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema. En un comunicado, las autoridades se limitaron a informar que Salazar e Ísmodes se apartaban de sus funciones, sin mencionar las graves acusaciones en su contra. Tampoco se ha hecho mención a las víctimas de los abusos.
El caso del Sodalicio ha generado indignación y preocupación en la sociedad peruana. Periodistas como Pedro Salinas y Paola Ugaz, que destaparon los abusos, han denunciado ser víctimas de acoso judicial y mediático por parte de la organización. El Papa Francisco les expresó su apoyo en diciembre de 2024.
La disolución del Sodalicio es un paso importante en el camino hacia la justicia y la reparación para las víctimas de abusos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para erradicar la cultura de silencio y encubrimiento que permitió que estos abusos ocurrieran durante décadas.
Las autoridades peruanas y la Iglesia Católica deben seguir trabajando para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia y que se brinde apoyo a las víctimas.

El Sodalicio en Arequipa
Además de la Universidad Católica San Pablo, el Sodalicio en Arequipa tiene el Instituto del Sur y los cementerios Parque de la Esperanza. También manejan un colegio por convenio en Cerro Colorado.
¿Qué pasará con la universidad y el instituto? Lo más probable es que formen una especie de patronato y sigan con una administración externa, aunque es difícil saber si la cúpula del Sodalicio dejará de tener injerencia en esa posible nueva administración.
Lo que es claro es que al ya no pertenecer a la Iglesia Católica no gozarían de los beneficios del Concordato, ese acuerdo entre el Estado y la Santa Sede que, por ejemplo, les permite a todas las instituciones católicas estar exoneradas del pago de varios impuestos, incluso el impuesto predial.