Un total de 13.000 militares comenzaron a desplegarse este jueves en cuatro de las provincias más violentas de Ecuador para reforzar las operaciones contra el crimen organizado, luego de que el presidente Daniel Noboa decretara un nuevo estado de excepción en gran parte del país.
El gobierno de Ecuador ha desplegado 13,000 efectivos militares en cuatro provincias estratégicas para intensificar la lucha contra el crimen organizado bajo un nuevo estado de excepción. La medida, calificada como una guerra total por el presidente Daniel Noboa, surge tras el asesinato de un presunto cabecilla criminal frente al aeropuerto de Guayaquil. El Decreto Ejecutivo 424 ratifica la existencia de un conflicto armado interno y abre la posibilidad de cooperación con militares extranjeros bajo condiciones de inmunidad. Las operaciones buscan reducir las muertes violentas en regiones críticas como Guayas, que concentra una alta incidencia de homicidios en el país.
- Despliegue de 13,000 militares en las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos para reforzar el control territorial.
- Autorización mediante decreto para la participación de personal militar extranjero en operativos contra organizaciones criminales bajo inmunidad internacional.
- Contemplación de indultos o rebajas de penas para militares, policías y civiles que enfrenten a las bandas delictivas.
- Ecuador alcanzó una tasa récord de inseguridad con 9,281 asesinatos registrados, según las cifras oficiales reportadas para el periodo 2025.
Los efectivos serán trasladados desde zonas con menor índice de criminalidad hacia las provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos, consideradas estratégicas para las rutas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Las Fuerzas Armadas intensificarán los patrullajes terrestres y marítimos, además de fortalecer los controles de armas, municiones y explosivos.
Según el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el objetivo es reducir las muertes violentas y recuperar el control de las ciudades más afectadas por la inseguridad.
De los 13.000 militares movilizados, aproximadamente 6.000 permanecerán en la provincia de Guayas, que hasta mayo concentró 1.521 de los 3.485 homicidios registrados a nivel nacional.
Asesinato de cabecilla criminal acelera ofensiva gubernamental
El despliegue coincide con el anuncio de una nueva etapa de “guerra total” contra las bandas criminales realizado por el presidente Daniel Noboa.
La medida fue adoptada un día después del asesinato de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, presunto cabecilla de la organización criminal Los Águilas, facción de Los Choneros.
El crimen ocurrió frente al aeropuerto internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, donde dos adolescentes de 15 años dispararon contra la víctima a plena luz del día. Los menores fueron detenidos poco después del ataque y procesados por el delito de asesinato.
A través del Decreto Ejecutivo 424, Noboa ratificó la existencia de un “conflicto armado interno” y autorizó la participación de militares extranjeros en operaciones contra grupos criminales.
El documento establece que el personal de países aliados podrá actuar en territorio ecuatoriano bajo condiciones de inmunidad contempladas en acuerdos internacionales.
Asimismo, el decreto contempla la posibilidad de conceder indultos o rebajas de penas para militares, policías y civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar a las organizaciones criminales.
Cooperación internacional y cifras récord de violencia
No obstante, las Fuerzas Armadas aclararon que, por el momento, no existe confirmación sobre el ingreso de tropas extranjeras y que la cooperación internacional continúa centrada en labores de inteligencia y apoyo tecnológico.
Desde inicios de 2024, el Gobierno ecuatoriano ha recurrido de manera reiterada a estados de excepción y operativos militares para combatir la violencia. Sin embargo, el país registró en 2025 un récord de 9.281 asesinatos, equivalente a una tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas de América Latina.
Las autoridades esperan que este nuevo despliegue contribuya a contener la expansión de las bandas criminales y reducir los niveles de violencia en el país.
