La diputada Amalia Palomino anunció acciones de fiscalización frente a la respuesta del Gobierno Regional de Arequipa ante los recientes huaicos y bloqueos registrados en distintas provincias. La parlamentaria cuestionó la demora para atender las emergencias y señaló que algunas familias permanecieron hasta seis días con dificultades para acceder a agua, desagüe y alimentos.
Generando resumen...
Palomino sostuvo que solicitará explicaciones formales sobre las acciones adoptadas durante las emergencias y adelantó que la fiscalización alcanzará al Gobierno Regional de Arequipa, las autoridades del sector Salud y las municipalidades involucradas.
El objetivo, según indicó, será determinar las deficiencias en la atención y plantear medidas que permitan reducir el impacto de futuros desastres naturales.
Piden medidas para provincias afectadas
La legisladora también planteó que las provincias de Camaná, Islay y Caravelí sean incorporadas a los planes de contingencia del Gobierno mediante una declaratoria de emergencia.
La medida permitiría priorizar acciones para las poblaciones expuestas a huaicos, lluvias intensas y otros eventos asociados a las condiciones climáticas. Entre las propuestas mencionadas se encuentra la utilización de fondos de contingencia para atender directamente a comunidades vulnerables.
El planteamiento contempla garantizar reservas de agua, evaluar la reubicación de viviendas instaladas en zonas de riesgo y distribuir forraje para los animales que puedan resultar afectados durante las emergencias.
Otro de los pedidos está relacionado con los pequeños productores. Palomino propuso que el Estado incremente la adquisición de productos provenientes de microagricultores, con una cuota de compra estatal de hasta 50 % para productores de arroz. La finalidad sería generar un respaldo económico para las familias que dependen de la actividad agrícola en las zonas afectadas.
Estas medidas se plantean en un contexto en el que las interrupciones de vías por huaicos pueden afectar el traslado de personas, alimentos y servicios básicos. Para las poblaciones rurales, la recuperación de la transitabilidad representa además una condición necesaria para mantener el acceso a mercados, centros de salud y otros servicios.
Palomino rechaza recortes a trabajadores
Durante su pronunciamiento, la diputada también se refirió al pedido de facultades presentado por el Ejecutivo y aseguró que no respaldará modificaciones que afecten los derechos laborales.
“En este pedido de facultades no vamos a permitir que se recorten las gratificaciones ni la remuneración de los trabajadores”, señaló Palomino.
La parlamentaria explicó que el Congreso revisará el contenido de la solicitud y que su posición será evitar cualquier medida que implique reducir beneficios o ingresos de los trabajadores. También cuestionó la difusión previa de algunos puntos del pedido de facultades y sostuvo que la propuesta debe ser evaluada de manera integral.
Como parte de su trabajo de representación, Palomino anunció además la realización de cabildos abiertos con maestros, sindicatos, asociaciones y organizaciones sociales.
Estas reuniones, según explicó, permitirán recoger las demandas directamente de la población y trasladarlas al trabajo parlamentario.
“La agenda no la pone Amalia Palomino, la pone el pueblo”, afirmó la legisladora al explicar la metodología que aplicará durante su semana de representación.
Fiscalización y demandas ciudadanas
La parlamentaria señaló que las organizaciones podrán participar independientemente de su afiliación o posición política. El propósito, indicó, será abordar las problemáticas de manera transversal y recoger las necesidades que afectan a diferentes sectores de Arequipa.
Palomino también informó que integra como miembro pleno las comisiones de Educación, Cultura y Deporte; Ciencia, Innovación, Tecnología y Sociedad Digital; Defensa Nacional y Orden Interno, además de la Comisión Permanente del Congreso.
Desde estos espacios, sostuvo que buscará intervenir tanto en la evaluación de las facultades solicitadas por el Ejecutivo como en otras decisiones que puedan tener impacto sobre los trabajadores y la población.
En Arequipa, su agenda de fiscalización contempla así dos frentes: la respuesta de las autoridades ante las emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y la defensa de los derechos laborales frente a las medidas que puedan discutirse en el Congreso.
