La presidenta Dina Boluarte promulgó este miércoles 13 de agosto la controvertida ley de amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La decisión se concretó pese a las críticas del Poder Judicial, la Fiscalía y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que solicitó suspender su aplicación. Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte afirmó que la norma busca hacer justicia y rendir homenaje a quienes combatieron en los años más duros de la violencia terrorista.
“Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con juicios interminables y acusaciones injustas, que afectaron también a sus familias”, sostuvo.
La mandataria aseguró que la ley restituye “la dignidad que nunca debió ser cuestionada” y que su aprobación se realizó “respetando el marco jurídico nacional e internacional”.
La jefa de Estado rechazó las críticas internacionales y enfatizó que el Gobierno no aceptará “intromisiones externas”. “No podemos permitir que hombres de 70 y 80 años que cumplieron con su deber constitucional sigan cargando cadenas judiciales que destruyan sus vidas y las de sus seres queridos”, señaló. Además, exigió respeto hacia las decisiones soberanas del país.
Qué dice la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la lucha contra el terrorismo. Incluye casos sin sentencia firme y a mayores de 70 años con condenas en ejecución.
El exministro y entonces presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, defendió la iniciativa alegando que no promueve la impunidad, sino que reconoce el esfuerzo de quienes enfrentaron a grupos subversivos. Según explicó, muchos de ellos han enfrentado procesos judiciales por décadas sin resolución definitiva.
La promulgación de esta norma marca un nuevo capítulo en el debate sobre memoria, justicia y derechos humanos en el Perú. Mientras para algunos representa un acto de reparación histórica hacia las fuerzas del orden, para otros supone un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.
