La expresidenta Dina Boluarte ha iniciado una estrategia legal para revertir la decisión del Congreso que rechazó su pedido de pensión vitalicia, equivalente a S/ 35 mil mensuales. Tras el pronunciamiento negativo del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, su defensa sostiene que el caso aún no está cerrado y podría trasladarse a la vía judicial.
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El abogado Juan Carlos Portugal confirmó que asumirá la representación de Boluarte en este proceso y señaló que, de no obtener una respuesta favorable en el ámbito administrativo, el conflicto podría resolverse en el Poder Judicial. En declaraciones a Canal N, incluso planteó escenarios en los que una decisión judicial podría restituir plenamente los derechos que, a su juicio, le corresponden a la exmandataria.
Posible judicialización del caso
Portugal explicó que, una vez agotadas las instancias internas del Congreso, se evaluará acudir a los tribunales alegando la vulneración de un derecho constitucional adquirido. Según el letrado, Boluarte asumió la presidencia conforme a la sucesión constitucional, lo que le otorgaría los mismos beneficios que a cualquier presidente electo.
En ese sentido, afirmó que la exjefa de Estado “tiene pleno derecho” a la pensión, más allá de las controversias políticas. El abogado recordó que la fórmula presidencial elegida en las elecciones generales no distingue entre presidente y vicepresidentes, por lo que la votación recae sobre toda la plancha. Asimismo, indicó que la Constitución establece claramente que, ante la incapacidad del presidente, asume la vicepresidenta.
Para sustentar su postura, el defensor mencionó precedentes recientes. Señaló que Pedro Pablo Kuczynski accedió a la pensión vitalicia pese a haber sido vacado, aunque parte de ese monto permanece retenido por orden judicial. También recordó el caso de Pedro Castillo, a quien inicialmente se le negó el beneficio, pero posteriormente obtuvo una medida de amparo favorable.
Críticas al informe del Congreso
El abogado de Boluarte cuestionó la independencia del Área de Asesoría Laboral del Congreso, al considerar que su opinión pudo haber estado influenciada por conversaciones previas con legisladores. En su evaluación, ese dictamen no es vinculante y la decisión final recae en la Mesa Directiva, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio de postura.
Portugal remarcó que la solicitud fue presentada formalmente al presidente del Congreso y recalcó que será esa instancia la encargada de emitir una respuesta definitiva. “La expresidenta le ha pedido al presidente del Congreso y es el presidente del Congreso, como presidente, además de la Mesa Directiva, quien tiene que responder”, declaró.
Finalmente, el abogado sostuvo que la Constitución no excluye del beneficio de la pensión vitalicia ni a quienes llegaron al cargo por sucesión constitucional ni a aquellos que fueron vacados. Afirmó que Boluarte fue elegida en los comicios de 2021 como parte de la fórmula presidencial encabezada por Pedro Castillo.
Aunque reconoció que un proceso judicial podría extenderse por meses o incluso años, Portugal expresó confianza en que una eventual resolución favorable obligaría al Congreso a restituir el beneficio económico a la exmandataria, en caso de que los jueces determinen que se vulneraron sus derechos constitucionales.
