Por: Milagros Corrales
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Tras ser vacada el pasado 10 de octubre por el Congreso de la República, Dina Boluarte dejó de contar con inmunidad presidencial y deberá responder ante la justicia por once investigaciones fiscales. Ocho de estos procesos se vinculan con presuntos delitos cometidos durante su gestión como jefa de Estado, según confirmó su abogado Juan Carlos Portugal en declaraciones a América Televisión.
Casos que la Fiscalía mantiene abiertos
La primera carpeta fiscal abierta contra Boluarte Zegarra corresponde a las muertes ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La exmandataria es investigada por presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves y leves.
En setiembre de 2025, la Comisión Permanente del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena, luego de que Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, argumentara que “no existen elementos probatorios irrefutables que acrediten el uso de la estructura del Estado con intención de causar muertes o lesiones”.
Otro de los procesos más mediáticos es el caso del presunto delito de cohecho pasivo impropio, conocido como ‘Rolex’, por la supuesta recepción de relojes y joyas a cambio de presupuesto adicional para el Gobierno Regional de Ayacucho, encabezado por Wilfredo Oscorima. La Fiscalía pidió al Parlamento reconsiderar la decisión de archivar este expediente, pues el Congreso nuevamente optó por blindar a la exmandataria.
El caso ‘Cirugía’ y las acusaciones de abandono de cargo
Además, Boluarte enfrenta dos investigaciones por haberse sometido a un procedimiento quirúrgico el 28 de junio de 2023 sin solicitar licencia al Congreso. Se le imputa abandono de cargo y falsedad genérica por la presunta falsificación de firmas en resoluciones supremas emitidas entre el 29 de junio y el 9 de julio del mismo año, mientras se encontraba en recuperación.
En junio de 2025, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe final que recomendaba su vacancia por “incapacidad moral permanente”, señalando que la exmandataria se ausentó sin delegar funciones ni informar al Parlamento.
De esta manera, Dina Boluarte deberá afrontar sin inmunidad un complejo panorama judicial que abarca presuntas irregularidades, omisiones y delitos cometidos durante su mandato presidencial.
