La presidenta Dina Boluarte no solo oficializó un considerable aumento en su salario mensual, que pasó de S/15.600 a S/35.568, sino que también dispone de un beneficio adicional: una tarjeta electrónica de consumo con S/5.000 mensuales destinados exclusivamente para la compra de alimentos en la residencia presidencial.
Este mecanismo, gestionado por el despacho presidencial a través de una contratación simplificada con la empresa Pluxee Perú SAC (antes Sodexo), le permite a Boluarte y su entorno familiar adquirir productos en supermercados, restaurantes y otros establecimientos de alimentación. Entre los rubros cubiertos figuran abarrotes, carnes, frutas, verduras, productos lácteos, panadería y comida preparada.
La tarjeta no permite retiros de dinero en efectivo, pero sí admite recargas adicionales en caso de agotarse el saldo mensual, previa solicitud justificada mediante correo institucional. No existe un límite de gasto diario, y el proveedor del servicio está obligado por contrato a mantener en total reserva la información sobre movimientos y consumos realizados.
Dina Boluarte: gobierno de presidenta restableció el uso de la tarjeta de consumo
El Ejecutivo ha evitado detallar el uso específico de este beneficio, alegando motivos de seguridad. Según la Oficina de Transparencia de Palacio de Gobierno, dar a conocer lugares de compra o productos adquiridos podría exponer patrones de comportamiento de la mandataria, lo que implicaría un riesgo para su integridad física, según argumentan.
Fuentes del informe televisivo «Punto Final» accedieron al expediente de contratación, y constataron que este tipo de tarjeta había dejado de usarse desde 2018, siendo restablecida exclusivamente durante el actual gobierno de Boluarte. Dos expresidentes, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti, negaron haber recibido una facilidad similar durante sus respectivas gestiones.
Expertos como el exsecretario general de Palacio, José Elice, cuestionaron la necesidad de implementar una tarjeta adicional, considerando que los gastos de alimentación en la sede presidencial han sido tradicionalmente cubiertos por la administración central, sin mecanismos separados ni personalizados.
Este beneficio, que representa un gasto público de S/60.000 anuales, fue renovado por última vez en marzo de 2024, en medio de crecientes críticas a la gestión de Boluarte. La mandataria enfrenta una sostenida desaprobación ciudadana, agravada por cuestionamientos relacionados con gastos de viajes, joyas de alto valor, cirugías estéticas y, ahora, beneficios poco transparentes con recursos del Estado.
En el Congreso ya se han presentado al menos ocho iniciativas legislativas que buscan revertir el incremento de la remuneración presidencial, en un intento de frenar lo que algunos consideran privilegios desmedidos en un contexto de crisis social y económica.
