El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el informe del Congreso de la República que concluye que Dina Boluarte no debe recibir una pensión vitalicia. El titular de la institución consideró que el Parlamento actuó de manera cuestionable al rechazar el beneficio solicitado por la exmandataria, quien asumió la Presidencia por sucesión constitucional.
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“La sucesión constitucional genera derechos”, sostiene Gutiérrez
Gutiérrez recordó que Boluarte llegó al cargo en 2022 tras la vacancia de Pedro Castillo, un mecanismo contemplado en la Constitución. Bajo ese argumento, señaló que la expresidenta debería acceder a los derechos que corresponden a quien ejerce la jefatura del Estado.
Durante una entrevista en RPP, el defensor del Pueblo afirmó que los expresidentes que asumen por sucesión constitucional están amparados por la Carta Magna y, por tanto, cuentan con los derechos inherentes al cargo. “Los expresidentes tienen sucesión constitucional porque está legislado en la Constitución Política, con todos los derechos que esto implica”, manifestó, diferenciándola de una sucesión legal no prevista constitucionalmente, lo que —según explicó— atentaría contra el principio de legalidad y el Estado de derecho.
En ese mismo contexto, cuestionó el accionar del Legislativo y advirtió que sus decisiones no deberían responder a criterios de conveniencia política. Afirmó que el Congreso no debe resolver asuntos de esta naturaleza en función de su imagen ante la ciudadanía, sino en estricto respeto de la Constitución y las leyes vigentes.
El Congreso sustenta su negativa en requisitos legales
La postura del Parlamento se basa en un informe de su área de Asesoría Laboral, el cual concluye que Dina Boluarte no cumple con los requisitos para acceder a una pensión vitalicia. Según dicho documento, revelado por el programa Cuarto Poder, la exmandataria no fue elegida por voto popular, sino que accedió al poder por sucesión tras la destitución de Pedro Castillo.
El informe precisa que la pensión vitalicia constituye un reconocimiento a quien haya ejercido el más alto cargo del país de manera íntegra y con legitimidad popular. En ese sentido, señala que este beneficio debe otorgarse únicamente a un expresidente constitucional elegido mediante mandato popular y que haya cumplido un periodo completo.
Además de la pensión, Boluarte solicitó otros beneficios, entre ellos la asignación de un trabajador bajo el régimen CAS con una remuneración mensual de 3.700 soles, así como la provisión de 150 galones de combustible cada mes, pedidos que también fueron observados en el informe congresal.
