La defensa legal del expresidente Pedro Castillo presentó un nuevo recurso ante la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el propósito de obtener su libertad. La solicitud, ingresada el pasado 10 de julio, plantea una vía distinta a las iniciativas promovidas anteriormente, ya que no está sustentada en razones humanitarias ni en el estado de salud del exmandatario.
La defensa legal de Pedro Castillo presentó una solicitud de gracia presidencial común ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para obtener su libertad. El recurso se fundamenta en la ausencia de una sentencia firme contra el exmandatario y el presunto vencimiento de los plazos de prisión preventiva. Asimismo, el equipo legal cita un informe de las Naciones Unidas que califica la detención como arbitraria y sostiene que el mensaje a la Nación tuvo un carácter simbólico. Actualmente, el proceso judicial se encuentra en etapa de apelación ante la Corte Suprema para resolver los recursos correspondientes.
- El pedido de gracia presidencial se basa en el artículo 118 de la Constitución, aplicable a personas procesadas sin sentencia firme.
- La defensa sostiene que el plazo límite de reclusión bajo criterios garantistas expiró el 16 de diciembre de 2024.
- Se incluyó un informe de la ONU que señala vulneraciones a los derechos fundamentales durante la detención de Castillo.
- El recurso aclara que la solicitud no responde a motivos humanitarios ni a problemas de salud del exjefe de Estado.
Recurso se basa en la ausencia de una sentencia firme
De acuerdo con el planteamiento de la defensa, el pedido corresponde a una gracia presidencial común, mecanismo que puede ser aplicado a personas procesadas que aún no cuentan con una sentencia firme.
Los abogados sostienen que la situación judicial de Castillo cumple con esa condición, por lo que consideran viable la aplicación de esta figura contemplada en el artículo 118, inciso 21 de la Constitución.
El equipo legal también argumenta que los plazos establecidos para la prisión preventiva ya habrían sido superados. Según el escrito presentado, el periodo de investigación compleja venció el 11 de abril de 2024 y, aplicando un criterio garantista sobre los tiempos máximos de reclusión, el límite habría expirado el 16 de diciembre del mismo año.
Con esos argumentos, solicitan que el Ejecutivo disponga el levantamiento de la medida que mantiene al exjefe de Estado privado de su libertad.
Otro de los fundamentos expuestos por la defensa hace referencia a un informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas. El documento concluye que la detención de Castillo, ocurrida tras su mensaje a la Nación del 7 de diciembre de 2022, habría vulnerado derechos fundamentales.
Asimismo, el informe señala que el pronunciamiento del entonces presidente tuvo un carácter simbólico y estuvo protegido por la libertad de expresión. Además, sostiene que no existió una coordinación efectiva con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional para concretar el intento de disolver el Congreso.
Mientras tanto, el proceso judicial que afronta Pedro Castillo continúa su curso y actualmente se encuentra en la etapa de apelación ante la Corte Suprema, instancia que deberá resolver los recursos presentados por las partes involucradas.
