El Poder Judicial ha tomado medidas decisivas en el caso de la muerte de Rosalino Flores Valverde, el joven estudiante de Gastronomía de 22 años, durante las protestas contra el gobierno en Cusco en enero del año pasado. El suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erick Torres Lovón, enfrentará 18 meses de prisión preventiva mientras es investigado por su presunta responsabilidad en el fatal incidente.
El juez Leodan Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema Nacional, dio lugar al requerimiento presentado por el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip). Este equipo de fiscales ha abierto una investigación preparatoria contra Torres Lovón, miembro de la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat) de la Policía Nacional.
El suboficial es acusado de ser el presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo la modalidad de homicidio calificado por alevosía, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. El incidente ocurrió durante un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la avenida 28 de Julio, en Cusco, el 11 de enero de 2023, resultando en la muerte de Rosalino Flores por los impactos de proyectiles.
A pesar de la orden de comparecencia, Joe Erick Torres Lovón no se presentó a la audiencia, llevando a la emisión de una orden de ubicación y captura a nivel nacional. Este hecho ha intensificado la atención pública sobre el caso y la búsqueda de justicia.
Rosalino Flores, herido con más de 30 impactos de proyectil durante el mencionado enfrentamiento, fue trasladado al Hospital Antonio Lorena y posteriormente a Lima debido a la gravedad de sus lesiones. Tras más de dos meses de lucha, el 21 de marzo de 2023, el estudiante perdió la vida.
Buscando justicia
El fallecimiento de Rosalino generó una respuesta ciudadana, con vecinos de Cusco realizando un plantón y vigilia en honor a la víctima frente a la sede del Poder Judicial en la región. Los padres del joven exigieron justicia y la revelación de la identidad del presunto policía autor de los disparos que terminaron con la vida del estudiante.
Este caso marca un hito al convertirse en el primer proceso judicial contra los presuntos responsables de las más de 50 muertes durante las protestas de diciembre de 2022, desatadas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la sucesión en el mando de Dina Boluarte.
