Las manifestaciones indígenas en Ecuador alcanzan ya un mes sin señales de acuerdo y con un saldo de tres fallecidos, 15 personas desaparecidas, cerca de 300 heridos y 377 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos.
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El pasado 16 de septiembre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) inició un paro indefinido que paralizó varias provincias de la sierra. La respuesta del Gobierno fue la declaración del estado de excepción en siete regiones y el despliegue de fuerzas policiales y militares para contener las protestas.
Denuncian represión y uso excesivo de la fuerza
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la intervención de las fuerzas del orden se caracterizó por el uso “desproporcionado” de gases lacrimógenos y armas de fuego contra los manifestantes.
Hasta el momento, se han identificado tres víctimas mortales como consecuencia de la violencia policial y militar: Efraín Fuerez, líder indígena kichwa de 46 años; José Alberto Guamán Izam, agricultor de 30 años y padre de dos hijos; y Rosa Elena Paqui, mujer saraguro de 61 años, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras inhalar gases lacrimógenos.
El conflicto, que comenzó con demandas sociales y económicas, se ha transformado en una crisis nacional marcada por la desconfianza y la ruptura total del diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas.
