La Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó los actos de violencia y vandalismo registrados durante la protesta de obreros de Construcción Civil en la obra de la futura sede judicial del distrito de Cerro Colorado y solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú investigar a los responsables.
La Corte Superior de Justicia de Arequipa solicitó al Ministerio Público y a la Policía Nacional investigar los actos de vandalismo registrados en la obra de la futura sede judicial de Cerro Colorado. Los incidentes, ocurridos durante una protesta de trabajadores de Construcción Civil, incluyeron daños a la infraestructura y agresiones contra periodistas que cubrían los hechos. Por su parte, el dirigente sindical Lugue Espinoza rechazó los actos violentos y atribuyó los disturbios a presuntos infiltrados ajenos a su organización. La paralización de labores ha afectado el avance de decenas de proyectos de infraestructura pública y privada en toda la región.
- La Corte de Arequipa condenó la destrucción de cercos perimétricos y equipos de seguridad en la construcción del nuevo módulo de justicia.
- El dirigente Lugue Espinoza negó la participación del sindicato de Construcción Civil en los disturbios y planteó la posible presencia de infiltrados.
- El conflicto se origina por presuntos incumplimientos de la empresa APM Contratistas Generales respecto a la contratación de personal local.
- La huelga ha impactado en 44 proyectos regionales, incluyendo obras estratégicas de salud como el Nuevo IREN Sur y el Hospital Maritza Campos.
- La Presidencia de la Corte y la Defensoría del Pueblo exhortaron a resolver las diferencias mediante el diálogo y a respetar el debido proceso.
Los enfrentamientos no solo ocasionaron daños en la infraestructura, sino que también afectaron el avance de una obra considerada estratégica para fortalecer el servicio de administración de justicia en Arequipa.
El pronunciamiento se emitió luego de que videos difundidos por vecinos mostraran a un grupo de manifestantes destruyendo parte del cerco perimétrico del proyecto, dañando cámaras de seguridad y protagonizando incidentes que también alcanzaron a periodistas que cubrían la protesta.
La paralización además repercutió en decenas de proyectos públicos ejecutados en la región, incrementando la preocupación por el impacto económico y social del conflicto.
Corte rechaza violencia y pide identificar a los responsables
A través de un comunicado oficial, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Arequipa expresó su “más enérgico rechazo” a los hechos registrados en la construcción del nuevo módulo de Justicia de Cerro Colorado.
La institución advirtió que los actos de violencia generan temor e incertidumbre en la población, además de ocasionar pérdidas económicas que retrasan una infraestructura destinada a mejorar la atención de miles de usuarios del sistema judicial.
La Corte sostuvo que cualquier diferencia entre la empresa APM Contratistas Generales y el sindicato de Construcción Civil debe resolverse mediante el diálogo y dentro del marco legal, descartando la violencia como mecanismo para defender intereses laborales.
Asimismo, manifestó su solidaridad con los periodistas que fueron agredidos mientras realizaban la cobertura de los enfrentamientos y recordó que el respeto a la libertad de prensa constituye un principio fundamental en una sociedad democrática.
Finalmente, exhortó al Ministerio Público y a la Policía Nacional a esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar las responsabilidades que correspondan respetando el debido proceso.
Sindicato rechaza actos vandálicos y atribuye disturbios a presuntos infiltrados
En declaraciones exclusivas para BAM Noticias, el secretario del Sindicato de Construcción Civil, Lugue Espinoza, negó que los trabajadores organizados hayan promovido los actos de violencia ocurridos durante la protesta.
Según explicó, permaneció en el lugar hasta aproximadamente el mediodía y aseguró que, durante ese tiempo, la movilización transcurrió de manera pacífica. Afirmó que los incidentes pudieron ser provocados por personas ajenas a la organización sindical.
El dirigente sostuvo que desde el sindicato siempre se convocó a manifestaciones pacíficas y señaló que incluso las comunicaciones enviadas a las empresas precisaban que las protestas debían desarrollarse sin actos de violencia. En ese contexto, planteó la posibilidad de que existieran infiltrados que habrían generado los enfrentamientos y provocado la reacción policial.
Espinoza indicó que el conflicto se originó hace más de un mes por el incumplimiento, según sostuvo, de un acuerdo firmado con la empresa APM Contratistas Generales para garantizar la participación de trabajadores locales en la obra. También cuestionó la decisión de retirar a integrantes del comité de obra y pidió que se restituya ese acuerdo.
El dirigente reiteró su solicitud para instalar una nueva mesa de diálogo con representantes de la empresa que tengan capacidad de decisión y sin la participación del actual representante de APM, Darío Zambrano, a quien responsabilizó de no contribuir a una solución del conflicto.
Paralización afecta decenas de obras y preocupa a autoridades
El conflicto también impactó en otros proyectos de infraestructura de la región. De acuerdo con información del Gobierno Regional de Arequipa, la ausencia de obreros sindicalizados afectó 12 obras ejecutadas bajo la modalidad de Obras por Impuestos y otras 32 obras por contrata, además de proyectos como el Nuevo IREN Sur y el Hospital Maritza Campos.
El gobernador regional, Rohel Sánchez, informó que desde hace varias semanas funciona una mesa de diálogo para buscar una solución al conflicto, aunque señaló que aún no se alcanzan acuerdos. T
También recordó que las empresas privadas no pueden ser obligadas a contratar exclusivamente trabajadores afiliados a un sindicato y advirtió que las paralizaciones incrementan los costos, retrasan los plazos de ejecución y afectan recursos públicos destinados a obras para la población.
Al pronunciamiento de la Corte se sumó la Defensoría del Pueblo, que recordó que el derecho a la protesta está protegido por la Constitución, pero debe ejercerse de manera pacífica, respetando la integridad de las personas, la propiedad pública y privada y los derechos de terceros.
Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer los hechos para determinar responsabilidades y evitar nuevas paralizaciones que comprometan proyectos de infraestructura en beneficio de los ciudadanos de Arequipa.
