Colegiado penal aceptó acuerdos a los que llegaron integrantes de ‘Los Correcaminos del Sur’ con el Ministerio Público. Además de servicio comunitario, tuvieron que pagar reparaciones civiles y fueron inhabilitados para trabajar con entidades públicas de por vida.
Carlos Herrera
Se libraron de prisión. 16 implicados en la organización ‘Los Correcaminos del Sur’ lograron que se les imponga sentencias para prestar servicios a la comunidad. Ello se concretó debido a que en el inicio del juicio oral, dijeron haber llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, donde ellos aceptaban sus culpas, a cambio de reducción de pena.
Entre los sentenciados está el exgerente regional de Transportes, José Gamarra Vásquez, el exsubgerente regional de Transportes, Christian Motta Contreras, además de otros trabajadores de la gerencia entre 2017 y 2018, y empresarios de miniván.
De acuerdo a la investigación fiscal, los funcionarios de la gerencia, a cambio de pago de cupos de 200 a 500 soles, otorgaron permisos indebidos a los transportistas que cubrían rutas interprovinciales.
También, presionaban a los dueños de miniván, para que estos pagaran los cupos a cambio de que no se les intervenga en operativos.
El acuerdo a la medida de ‘Los Correcaminos del Sur’
El caso de Los Correcaminos del Sur, fue puesto en evidencia en diciembre de 2018, cuando se detuvo a gran parte de los integrantes de la organización. Esta operaba, durante la gestión de la exgobernadora regional Yamila Osorio Delgado.
La fiscal Anticorrupción, Marita Cueva, fue la que llevó por años la investigación. Fue en agosto de 2024, que se supo la intención de 16 de los investigados, de aceptar sus culpas a cambio de reducir sus condenas.
Además, solicitaron se les varíe el delito de organización criminal, por banda criminal. Ello en base a la modificación de la ley de crimen organizado.
La nueva norma señala que solo se imputará organización criminal, si los delitos que se cometen son graves, es decir, que tengan penas superiores a los 6 años de prisión.
En el presente caso, se le imputa a los investigados los delitos de cohecho, concusión, tráfico de influencias, entre otros, que no tienen la categoría de graves.
Lo argumentado por los abogados de los investigados fue aceptado por la fiscalía, la cual expuso el acuerdo en audiencia de inicio de juicio oral y que, finalmente, fue aceptada por los jueces del Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial.
En su sentencia emitida el pasado primero de octubre y que fue notificada en físico el 17 de octubre, los jueces penales Ronald Medina Tejada, Guiuliana Pastor Cuba y Juan
Carlos Churata Quispe, resolvieron aceptar los acuerdos e imponer penas que no superaron los 5 años de prisión (ver documentos).
Todas estas condenas fueron convertidas a jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
Entre los sentenciados, está José Gamarra, exgerente regional de transportes y una de las cabezas de la organización. A él se le impuso solo 5 años de prisión que fueron convertidos a 261 jornadas de servicio comunitario. Empero, como Gamarra estuvo 4 años con prisión preventiva, se le descontó el servicio comunitario a 121 jornadas.
Pagaron reparaciones civiles y fueron inhabilitados de por vida
Uno de los requisitos para que se les aceptara la conclusión anticipada (aceptar sus delitos), era que se pagara el íntegro de las reparaciones civiles que se postularon en el caso.
Los 16 implicados lo hicieron. En total abonaron 168 mil 800 soles. El que más pagó fue el exgerente de Transportes, José Gamarra. Abonó 20 mil soles.
El colegiado penal, también dispuso que los 16 sentenciados, fueran inhabilitados de por vida para ejercer cargo público o trabajar en alguna entidad del estado.
Proceso continúa para los que no aceptaron delitos
Fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público, confirmaron que existe otro grupo de investigados en el caso de Los Correcaminos del Sur, que no aceptaron los delitos y se encuentran en estos momentos en juicio.
Entre los personajes que siguen siendo investigados está Richard Talavera Fuentes, quien en 2018 era jefe de Inspectoría de la Policía.
Sobre él pesa una acusación de haber supuestamente ayudado a la organización con operativos de transportes, donde se buscaba presionar a los dueños de miniván para que estos paguen cupos a Los Correcaminos del Sur.
Quien también sigue en juicio, pese a estar en la clandestinidad, es Marcelo Juan Bermejo Velásquez, quien fue asesor de la exgobernadora Yamila Osorio. A este se le imputa ser la cabeza de la organización Los Correcaminos del Sur.
