Por: Sarko Medina Hinojosa
Cordillera de Palabras… Trece nombres que ya deberían estar grabados a fuego en nuestra conciencia nacional. Trece trabajadores ejecutados con la frialdad de quien mata animales, no hombres. Trece familias destrozadas por una violencia que no surge de la nada, sino del caldo de cultivo que nuestras propias autoridades han permitido fermentar en Pataz.
¿Estado de emergencia desde febrero de 2024? ¿Fuerzas policiales desplegadas? De nada sirve pintar el patio si la casa se incendia por dentro. Mientras las autoridades se concentran en declaraciones vacías y operativos mediáticos, los verdaderos criminales, esos mineros ilegales que operan como señores feudales, continúan imponiendo su ley del terror.
Este domingo 4 de mayo, la providencia de Pataz se convirtió en una fosa común. Trece agentes de seguridad, vestidos con chalecos antibalas y cascos, marchaban en formación –como muestra el video viral– hacia el lugar que debían proteger.
Poco después, sus cuerpos aparecerían maniatados, desnudos, ejecutados con disparos en la cabeza. No es solo una tragedia; es el fracaso estrepitoso de un Estado que ha abdicado de su responsabilidad de proteger a sus ciudadanos.
¿Dónde estaba el famoso estado de emergencia cuando estos hombres fueron acorralados en un socavón? ¿En qué consistió la «estrategia de seguridad» cuando 13 familias recibieron la noticia de que sus seres queridos nunca volverían a casa? La respuesta es tan atroz como el crimen mismo: no existió estrategia alguna.
Y mientras las autoridades se lavan las manos, una ley aberrante legitima el negocio que financia esta violencia. La constante ampliación del Reinfo ha servido de manto protector para que los mineros informales e ilegales operen con total impunidad.
Minera Poderosa lo ha denunciado claramente: «las reiteradas ampliaciones del Reinfo han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso».
Aprobada nuevamente en diciembre de 2024 por un Congreso que vive al margen de la realidad, esta ley permite que los criminales actúen a la luz del día, georeferenciados, identificados, pero intocables.
No se trata solo de una ley deficiente; es una licencia para matar. Mientras la policía tiene prohibido ingresar a interdictar las bocaminas ilegales –identificadas y georeferenciadas–, los mineros ilegales se han convertido en la principal economía ilegal del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta pantomima de perseguir delincuentes con una mano mientras los protegemos con la otra?
La empresa R&R, contratista de Poderosa, no solo perdió trabajadores; perdió hombres que confiaron en un sistema que los traicionó. Deiter Domínguez, de Tumbes, viajó hasta Pataz para trabajar. Su familia ahora mendiga apoyo para llevarlo de vuelta a casa. ¿Es este el «estado protector» que promete nuestra Constitución?
La inacción tiene nombre: es complicidad. Cada día que pasa sin acciones concretas contra los mineros ilegales es un día en que el Estado firma más sentencias de muerte. No queremos más declaraciones de solidaridad ni más promesas.
Queremos bocaminas clausuradas, criminales tras las rejas y leyes que defiendan a los trabajadores, no a los asesinos.
Estos son los 13 de Pataz, no los olvidemos:
• Jefry Stiven Padilla Hidalgo
• Juan Joel Ñaupari Salva
• Yobal Martínez García
• César Rospigliosi Arellano
• Franklin Vicente Facundo Inga
• Jhon Cristian Facundo Inga
• Frank Jesús Monzón Valeriano
• Nilver Joel Pérez Chuquipoma
• Josué Carbonel Beltrán
• Darwin Javier Coveñas Panta
• Wilmer Chávez Mijahuanca
• Deyther Domínguez Ramírez
• Mego Yumbato Huacho
Su sangre clama justicia. La pregunta que queda es: ¿la tendremos?
