La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció a través de un comunicado sobre un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que el Congreso de la República, que les recortaría las acciones de lucha contra la corrupción.
En este proyecto de ley se pide que se aprueben créditos suplementarios asociados a mayores gastos. «Sin embargo, se incluye una disposición que recorta la capacidad operativa de la CGR, generando el riesgo de que las actuales y nuevas inversiones no cuenten con el control adecuado, no se evidencien irregularidades, ni se emitan las alertas necesarias para detectar y evitar casos de corrupción».
“La novena disposición complementaria modificatoria afecta nuestra autonomía, al condicionar presupuestalmente las atribuciones constitucionales del control”, precisan en su comunicado
La Contraloría no cuestiona la pertinencia de adoptar medidas presupuestales convenientes que permitan lograr los objetivos de reactivación planteados. “Sin embargo, debemos señalar que el proyecto de ley (08363/2023-PA) va más allá y esconde propósitos que hacen retroceder en los esfuerzos dedicados para enfrentar la corrupción en el gasto público”
“Al introducir sin discusión ni opinión técnica, una reducción sustancial del financiamiento del control concurrente, sin considerar que esta modalidad ha demostrado científicamente un ahorro al país por más de 1000 millones de dólares en los últimos cinco años, y que las inversiones bajo este control avancen 30% más rápido”. precisan.
Se despedirían auditores de la Contraloría
Señalan que de aprobarse esta disposición, se tendrá un impacto negativo inmediato que significará el desmantelamiento de los Órganos de Control Institucional (CI) y el despido de miles de auditores a partir de enero de 2025.
Como es público, recientemente la CGR dispuso que, por primera vez en la historia del país, más de 690 CI dejarán de depender administrativamente del Poder Ejecutivo, con lo que el controlado dejará de pagar los sueldos de los auditores, lo que significa un vigoroso fortalecimiento de la autonomía del control. Ese proceso quedará trunco si se aprueba la novena disposición complementaria modificatoria.
