La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 10 279 790 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por diversas irregularidades en la construcción del hospital Alto Inclán, en el distrito de Mollendo, provincia de Islay, departamento de Arequipa, obra que demandó una inversión de S/ 70 218 724.
El Informe de Auditoría detalló que funcionarios y servidores del GRA, durante la ejecución de obra no aplicaron penalidades por mora a la contratista, aprobaron indebidamente ampliaciones de plazo y se reconocieron mayores gastos generales y pagos a la supervisión. También se aprobaron adicionales y reducciones de obra contraviniendo la normativa de contrataciones del Estado.
Las pérdidas económicas ocurrieron debido al reconocimiento de mayores gastos generales por S/ 2 873 630. Esto ya que no se cobró la inaplicación de penalidad por mora por S/ 7 142 294 y los pagos a la supervisión por S/ 263 866.
Además, se advirtió la aprobación de reducción de meta de equipamiento de dos equipos de hemoterapia y banco de sangre y el otro del sistema eléctrico de transferencia de pacientes con camilla de transporte, situación que requería penalidad, pero que no fue implementada.
La obra de mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Establecimiento de Salud Alto Inclán se inició el 28 de diciembre de 2018 y tenía un plazo de ejecución de 540 días calendarios por lo que debía culminar el 15 de junio de 2020.
Sin embargo, durante la ejecución de los trabajos, la contratista presentó 21 ampliaciones de plazo, once fueron aprobados, por lo que el plazo aumentó en 842 días y, finalmente, se culminó en 1382 días (9 de octubre de 2022).
Además, el 9 de noviembre de 2018 se suscribió el contrato de supervisión por S/ 2 456 784, con un plazo de 540 días calendarios para ejecución y 60 días para liquidación. Durante la construcción de la obra se aprobaron extensiones del servicio que dieron lugar al reconocimiento del pago correspondiente.
Contraloría identificó a 6 exfuncionarios
En los hechos ocurridos durante el período del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023 se identificaron a seis exfuncionarios y exservidores del GRA por presunta responsabilidad penal y administrativa entidad.
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, fue notificado al gobernador regional para que adopte acciones de deslinde de responsabilidades de funcionarios y servidores públicos y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Corrupción iniciar los procesos penales contra los responsables.
