La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 303 806 al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por el otorgamiento de conformidad y pago por el servicio de perforación y voladura de roca fija para la obra de ampliación de la frontera agrícola de la subcuenca del Río Arma, provincia de Condesuyos, en Arequipa, trabajo que no fue ejecutado por el contratista.
En el Informe de Servicio de Control Específico de la Contraloría se detalló que el 5 de diciembre del 2019 se suscribió el contrato del servicio de perforación y voladura de roca fija para la obra “Mejoramiento de ampliación de la frontera agrícola optimizando los recursos hídricos de la subcuenca del Río Arma, Condesuyos, etapa I” por el importe de S/ 370 450 y un plazo de ejecución de 60 días calendarios.
De acuerdo a la información registrada en el cuaderno de obra, al 31 de diciembre del 2019, no se habían iniciado los trabajos de perforación y voladura de roca fija debido a que el contratista no contaba con profesionales como el ingeniero de minas y el especialista en seguridad y prevención de riesgos.
Tampoco contaban con los obreros autorizados por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de uso Civil (Sucamec).
El mismo 31 de diciembre del 2019, el contratista solicitó la ampliación de plazo por 30 días, la cual fue aprobada el 30 de enero de 2020 por consentimiento positivo (la entidad no respondió a la solicitud en el tiempo previsto).
Asimismo, el 23 de enero pidió 57 días más argumentando la ocurrencia de lluvias. Sin embargo, siete días después se aprobó ampliar por 29 días, por lo que el servicio debía concluir el 2 de abril del 2020.
Tras el aislamiento social por Covid-19, dispuesto desde el 16 de marzo del 2020, el 14 de octubre y 5 de noviembre del mismo año, el contratista pidió una nueva ampliación hasta el 11 de diciembre del 2020, con lo cual el plazo se alargó en 252 días calendario.
El 18 de diciembre del 2020 el contratista solicitó la conformidad y el pago por el servicio de perforación y voladura de 12 711m3 por S/ 303 806, cuando el total del servicio era de 15 500 m3 por S/ 370 450.
Con el visto bueno del residente e inspector de obra se aprobó la petición y el 23 de febrero del 2021 se dispuso el pago por el monto requerido. Posteriormente, trató de culminar el servicio y solicitó ampliaciones de plazo. Ante la negativa de respuesta del GRA, resolvió el contrato el 25 de junio del 2021.
A través del informe técnico N° 005-2024-JCML del 5 de agosto del 2024, el especialista técnico de la comisión de control realizó el análisis de los documentos relacionados a la prestación del servicio de perforación y voladura de roca fija y advirtió que los trabajos no fueron ejecutados, pues no hay documentos que sustenten dicha labor y existen inconsistencias en el cuaderno de obra y en el parte diario de trabajo.
Contraloría: Cuatro extrabajadores implicados
Además según la Contraloría, el contratista no contaba con autorización de la Sucamec para el personal clave e incluso habría incluido a personas que negaron haber prestado servicios en la zona y en las fechas de la obra.
En los hechos ocurridos durante el período del 12 de setiembre del 2019 al 26 de marzo del 2021 se identificó a cuatro exservidores por presunta responsabilidad penal.
El informe, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA, fue notificado a la Procuraduría Pública Especializada en delitos de corrupción y recomienda iniciar los procesos penales contra los responsables.
