La Contraloría supervisó 395 instituciones educativas públicas a nivel nacional, donde se detectó que el 70% de instituciones educativas no recibió material educativo, como los cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos durante el inicio del presente año escolar, además el 93% de colegios no tienen psicólogo.
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Esta supervisión efectuada por la Contraloría se realizó bajo la ejecución del Operativo Buen Inicio del Año Escolar 2024, realizado del 15 de febrero al 8 marzo,
Según la Contraloría, el material educativo de comunicaciones y matemáticas debió ser distribuido por las Unidades de Gestión Educativa Local a las instituciones educativas, pero hasta la fecha de conclusión del operativo esto no se había concretado en el 70% de los casos, situación que podría afectar el acompañamiento cognitivo de la población estudiantil.
Los resultados de la Contraloría General reflejan también que el 52% de las instituciones educativas supervisadas requieren reemplazar los techos como mínimo de un aula porque podrían colapsar debido a las precarias condiciones en las que se encuentran.
Asimismo, se verificó que el 55% de instituciones educativas visitadas necesitan reemplazar o dar mantenimiento como mínimo a las paredes de un aula. Además, en el 44% de locales escolares se observó que al menos un aula requiere sustituir el piso debido al nivel de desgaste que presenta.
A ello se suma el insuficiente número de mesas y sillas para los escolares en el 21% de casos, mientras que en otros colegios se observó que en algunas aulas carecían de mesas y sillas para docentes (17% de IIEE visitadas).
“Las deficiencias en la infraestructura educativa e insuficiente mobiliario en los locales escolares no asegura las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, poniendo en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, lo señalan los diversos informes de control notificados a los funcionarios responsables“, señaló el informe.
En el operativo nacional 2024 participaron 130 auditores desplegados a nivel nacional, los cuales emitieron 368 informes de control simultáneo, los mismos que fueron comunicados a las Unidades de Gestión Educativa Local y Direcciones Regionales de Educación a fin de que las autoridades competentes adopten, con prioridad, las acciones preventivas y correctivas en los próximos 45 días que garanticen la adecuada prestación del servicio educativo.
Contraloría detectó que no hay psicólogos
Durante la supervisión se comprobó que en el 36% de los colegios el número de docentes es insuficiente para el inicio de clases. Esta situación podría afectar el adecuado acompañamiento cognitivo a los estudiantes y la correcta prestación del servicio educativo. Cabe recordar que en el operativo 2022, la falta de profesores alcanzó un 38.4%.
Se informó además que actualmente en el 93% de las instituciones educativas continúan faltando psicólogos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de educación básica regular. En tanto, en el año 2022 la falta de profesionales en psicología fue de 85.
Este hecho podría afectar la convivencia escolar, las acciones para prevenir la violencia estudiantil y los casos de bullying, entre otros problemas. Asimismo, podría dificultar el tratamiento oportuno de casos de acoso entre escolares.
Contraloría halló servicios higiénicos deficientes
Las comisiones de control también comprobaron que el 58% de las instituciones educativas intervenidas cuenta con al menos un servicio higiénico que requiere mantenimiento o sustitución (caños o inodoros malogrados, sin puertas o con puertas en mal estado).
De igual manera, existe un alto porcentaje de colegios que no cuentan con servicios higiénicos por cada nivel educativo (31%), así como de aquellos locales que no cuentan con servicios higiénicos separados para alumnos y docentes (40%).
A esta situación se suma que el 22% de instituciones educativas visitadas carece del servicio de conexión de desagüe, el 9% no tiene agua y otro 9% tiene restricciones en dicho servicio. En el caso de los desperdicios o basura que genera el colegio, el 19% de instituciones educativas entierra los residuos sólidos y el 17% prefiere incinerarlos.
