El consultor en formalización minera, Dante Pinto, calificó como una «decisión desesperada» la suspensión de actividades mineras en la provincia de Pataz, región La Libertad, dispuesta por el Gobierno tras el hallazgo de 13 trabajadores asesinados.
Pinto argumentó que el problema principal en la zona no es la minería en sí, sino la presencia y expansión del crimen organizado.
Durante una entrevista con RPP, Pinto señaló que el Ejecutivo debió priorizar medidas preventivas frente a los casos delictivos vinculados a la minería ilegal, en lugar de optar por la paralización temporal de las actividades mineras en la zona.
«El problema que estamos viviendo en Pataz no es un tema de minería, no es un tema de confrontación solamente entre mineros. Acá estamos ante un problema de crimen organizado y eso hay que identificarlo bien», declaró el especialista.
El Gobierno emitió un decreto que establece la suspensión de toda actividad minera en Pataz por 30 días, con posibilidad de prórroga, como parte de las acciones tras los recientes hechos de violencia en la zona. Sin embargo, Pinto cuestionó esta medida, considerando que no ataca el origen del conflicto.
En ese sentido, el consultor indicó que la falta de articulación de políticas preventivas por parte del Ejecutivo ha contribuido a la expansión del crimen organizado en zonas mineras, lo que ha derivado en situaciones como la ocurrida en Pataz.
Pataz: hay que diferenciar entre minera legales e ilegales
Pinto hizo un llamado a diferenciar entre las actividades mineras legales e ilegales, y a no generalizar en las medidas adoptadas, ya que muchas familias dependen de esta actividad económica en la región.
Añadió que es necesario un enfoque integral que incluya presencia estatal efectiva, inteligencia operativa y apoyo a la formalización minera. El caso de Pataz ha generado preocupación nacional debido a la creciente violencia relacionada con la minería ilegal y al accionar de organizaciones criminales en zonas remotas del país.
Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias de la muerte de los 13 trabajadores mineros, mientras que la medida de suspensión se mantiene vigente.
