El respaldo del gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque Manrique, al director de la UGEL Sur, Fernando Rufino Polanco Chambi, abrió un nuevo frente de cuestionamientos en el Consejo Regional de Arequipa (CRA). El consejero regional César Huamantuma anunció que impulsará una interpelación contra el titular del sector.
El consejero regional César Huamantuma anunció que promoverá una interpelación contra el gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque Manrique, por respaldar la permanencia del director de la UGEL Sur, Fernando Polanco Chambi. El funcionario cuestionado enfrenta un proceso judicial por presunta violencia psicológica en el que se han dictado medidas de protección a favor de su pareja e hija. Huamantuma sostiene que mantener al director en funciones contradice las políticas de prevención de la violencia y afecta la idoneidad requerida para el cargo. La interpelación se hará efectiva si la Gerencia Regional de Educación no dispone la separación inmediata del titular de la UGEL Sur.
- El consejero César Huamantuma impulsará la interpelación del gerente de Educación si no se separa al director de la UGEL Sur de su cargo.
- El director Fernando Polanco tiene medidas de protección en su contra emitidas por el 11.° Juzgado de Familia tras una denuncia de violencia psicológica.
- El gerente regional de Educación manifestó su respaldo a la permanencia de Polanco mientras continúe el proceso judicial en los órganos correspondientes.
- El Consejo Regional advierte que mantener al funcionario envía un mensaje contradictorio sobre la prevención de la violencia y la idoneidad en el sector educativo.
Esto interpelación se realizará si Marco Choque no se dispone la separación del funcionario, quien afronta un proceso judicial en el que un juzgado dictó medidas de protección tras una denuncia por presunta violencia psicológica.
La controversia surge luego de que el gerente regional de Educación expresara su respaldo a la permanencia de Polanco Chambi mientras continúa el proceso judicial, posición que fue cuestionada por integrantes del Consejo Regional al considerar que un funcionario del sector Educación debe cumplir estándares de idoneidad y conducta acordes con la función pública.
El caso también reavivó el debate sobre los criterios que deben aplicarse para el ejercicio de cargos directivos en instituciones educativas y las acciones administrativas que corresponden cuando un funcionario enfrenta medidas judiciales de protección por presuntos hechos de violencia.
Consejero exige separación del director y advierte una interpelación
El consejero regional César Huamantuma sostuvo que la decisión de mantener al director de la UGEL Sur en funciones representa un mensaje contradictorio frente a las políticas de prevención de la violencia contra la mujer.
Durante sus declaraciones, afirmó que el caso dejó de ser un asunto estrictamente personal debido a que involucra a un funcionario que dirige una institución educativa y que, por esa condición, debe representar un referente de conducta para estudiantes, docentes y ciudadanía.
Huamantuma cuestionó que la Gerencia Regional de Educación no adoptara medidas preventivas tras conocerse la existencia de medidas de protección dictadas por el Poder Judicial y señaló que el primer paso debió ser apartar temporalmente al funcionario mientras continúan las investigaciones.
Asimismo, anunció que, si no se produce la separación del director de la UGEL Sur, promoverá una interpelación contra el gerente regional de Educación al considerar que existe responsabilidad política en la decisión de mantener el respaldo al funcionario.
Medidas judiciales reabren debate sobre la idoneidad en el sector Educación
El expediente judicial N.° 02918-2026-0-0401-JR-FT-11, tramitado ante el 11.° Juzgado de Familia Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, establece medidas de protección contra Fernando Rufino Polanco Chambi luego de una denuncia por presunta violencia psicológica presentada por su pareja.
Entre las disposiciones judiciales figuran restricciones para evitar nuevos actos de presunta violencia psicológica, además de medidas de protección a favor de la denunciante y de su hija, considerada víctima indirecta dentro del proceso.
Para Huamantuma, la existencia de estas medidas judiciales obliga a la Gerencia Regional de Educación a evaluar la permanencia del funcionario en el cargo. Según indicó, no se trata únicamente de una denuncia, sino de una resolución emitida por un órgano jurisdiccional tras la evaluación del caso.
El consejero también afirmó que la normativa del Ministerio de Educación contempla criterios de idoneidad para el ejercicio de funciones dentro del sector y planteó que la Gerencia Regional de Educación analice una suspensión preventiva mientras se define la situación legal y administrativa del director.
