El Congreso de la República aprobó por mayoría el pedido de la presidenta Dina Boluarte para viajar a Estados Unidos con motivo de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a celebrarse entre el 22 y 24 de septiembre en la ciudad de Nueva York. La decisión fue respaldada por 62 parlamentarios, mientras que 41 votaron en contra y 3 se abstuvieron.
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El viaje presidencial, programado para el 21 de septiembre, coincide con las movilizaciones convocadas en diversas regiones del país en rechazo a su gestión y al actual Congreso. Además, su partida se produce en un contexto marcado por protestas sociales y una creciente presión hacia varios ministros que han sido citados al Parlamento para responder por presuntos actos de tráfico de influencias.
Según el documento oficial presentado al Legislativo, la participación de Boluarte en el evento internacional representará “una ocasión privilegiada en la que el Perú podrá promover, a nivel global, sus intereses nacionales en la lucha contra la pobreza, la inclusión social y financiera, así como el desarrollo, en un contexto que definirá el futuro de la agenda mundial”.
Congreso: un pedido que antes fue rechazado
No es la primera vez que la jefa de Estado solicita permiso para asistir a la Asamblea General de la ONU. En 2024, el Congreso le negó la autorización, registrando 55 votos en contra, 50 a favor y 5 abstenciones.
En aquella oportunidad, la congresista Flor Pablo fue una de las voces que se opuso a la salida de la presidenta del país. Consideró que su presencia era fundamental en el territorio nacional, sobre todo en regiones seriamente afectadas por incendios forestales. “El Perú necesita a la presidenta aquí, no en Nueva York”, declaró entonces, criticando lo que interpretó como una desconexión de la mandataria frente a las urgencias internas.
Este será el quinto viaje internacional de Boluarte en lo que va del año, y nuevamente se da en un escenario político complejo, con la ciudadanía expresando descontento en las calles y el Ejecutivo bajo constante escrutinio parlamentario.
